El ministerio de Capital Humano presentó un "recurso de revocatoria" contra la resolución del juez de feria Martín Cormick. La causa comenzó tras un reclamo de la UTEP y del CELS.
Política 25 de julio de 2024
Sección País
El Ministerio de Capital Humano apeló este miércoles el fallo que había exigido que en un plazo de 48 horas se brindaran detalles sobre la forma en la que iban a distribuirse los alimentos acopiados en depósitos oficiales.
La cartera a cargo de Sandra Pettovello presentó un "recurso de revocatoria" contra la resolución del juez de feria Martín Cormick, quien el lunes último se había expedido al respecto.
Se trata de un cargamento de casi 6 millones de kilos de alimentos que están guardados en los depósitos de la localidad bonaerense de Villa Martelli y en la ciudad tucumana de Tafí Viejo.
La mercadería debe ser distribuida entre comedores y merenderos comunitarios que dependen de programas oficiales que maneja Capital Humano.
La resolución del juez de feria se refiere a la cautelar que emitió su colega, Walter Lara Correa, quien hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación en los comedores.
En medio del receso invernal, la Justicia habilitó la feria para cumplir el fallo que obliga al Gobierno a continuar con la entrega de alimentos a comedores.
Ese magistrado pidió, además, que "el ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes".
"Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras", agregó.
La causa comenzó a principio de este año, cuando las organizaciones señalaron que el Gobierno dejó de entregar los alimentos a comedores y merenderos, por lo que solicitaron que se mantuvieran las políticas sociales. A raíz de esta situación, presentaron un amparo colectivo al que el juez Lara Correa dio a lugar.
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