El Gobierno calificó de "ilegal" el proyecto en el yacimiento Sea Lion, que prevé una inversión de US$ 2.100 millones. Ratificó que iniciará acciones judiciales, en medio de los reclamos de Tierra del Fuego por una postura más firme.
Política11 de diciembre de 2025
Sección País
La Cancillería argentina emitió este martes un fuerte rechazo a la autorización otorgada por el gobierno local de las Islas Malvinas para avanzar con la explotación petrolera en el yacimiento Sea Lion. A través de un comunicado, la cartera diplomática calificó al proyecto y a las empresas involucradas de "ilegítimas e ilegales", advirtiendo que tomará todas las acciones administrativas, legales y judiciales pertinentes en el ámbito nacional e internacional.
La iniciativa, ubicada en la Cuenca Malvinas Norte, está a cargo de la petrolera británica Rockhopper y de la israelí Navitas. Según se anunció, el Programa de Desarrollo del Área Norte del yacimiento demandará una inversión inicial de US$ 2.100 millones y se espera que la extracción de crudo comience a partir de 2028.
El Palacio San Martín fue categórico respecto a las consecuencias para los privados: "Quienes intervengan o faciliten dichas actividades quedarán expuestos a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas e inhabilitaciones". El Gobierno recordó que no reconoce ninguna autoridad distinta de la propia para habilitar actividades hidrocarburíferas en la zona en disputa y enfatizó que se reserva el derecho de impedir el desarrollo de estos emprendimientos para salvaguardar los recursos soberanos.
El proyecto Sea Lion surge tras el hallazgo de un "yacimiento de clase mundial" hace una década. Recientemente, Rockhopper anunció la aprobación de la inversión para la Fase 1, mientras que el gobierno isleño dio luz verde al plan de desarrollo, otorgando licencias de explotación por 35 años. Desde la cartera que dirige Diana Mondino, señalaron que estas medidas constituyen "acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido", violatorias de la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que insta a no innovar mientras persista la disputa de soberanía.
El comunicado oficial advirtió sobre la gravedad ambiental del proyecto, al permitir la explotación de recursos no renovables con "efectos futuros potencialmente irreversibles". Además, recordó que ambas compañías ya poseen antecedentes negativos en el país: Rockhopper fue declarada "clandestina" en 2012 e inhabilitada por 20 años en 2013; Navitas recibió sanciones idénticas en 2022 por operar sin autorización argentina.
La reacción de la Cancillería se produce en un contexto de presión interna. Más temprano, el gobierno de Tierra del Fuego había exigido a la gestión libertaria "las cartas más duras en el asunto". El secretario de Malvinas de la provincia, Andrés Dachary, cuestionó la postura de la Casa Rosada y reclamó que se adopten medidas concretas en los foros internacionales, criticando que el Consejo de Asuntos Relativos a las Malvinas no ha sido convocado en más de un año.
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