Senado: la oposición aprobó la ley de financiamiento universitario

En una nueva derrota para el oficialismo, la oposición sancionó en el Senado la ley que de Financiamiento Universitario y dejó al Gobierno a la vera de un nuevo veto presidencial. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, por lo que el texto pasó de manera holgada los dos tercios.

De hecho, durante la votación en general avalaron la ley tres legisladores del PRO: Guadalupe Tagliaferri -siempre estuvo a favor-; el jefe de la bancada, Luis Juez, y la tucumana Beatriz Ávila, mientras que se abstuvo la pampeana Victoria Huala.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión, que establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

La ley impone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.

Como miembro informante, el flamante presidente de la comisión de Educación de la Cámara alta, el camporista Eduardo De Pedro, acusó al Gobierno de atacar “directamente los principios fundamentales de la educación”. El legislador, esta noche preocupado por el tema, tardó nueve meses en presentarse como integrante de la comisión que en la actualidad comanda.

Desde la Unión Cívica Radical, el catamarqueño Flavio Fama manifestó que el proyecto “no busca incrementar el presupuesto, hay que decir la verdad”. En ese sentido, indicó que la ley intenta “resguardar los gastos de funcionamiento, que representan menos del 10% del gasto asignado a estas instituciones”. Tampoco olvidó de resaltar las auditorías que se realizan sobre el área.

A partir de ahí, varios legisladores cruzaron datos sobre el aumento que otorgó el Ejecutivo y lo devengado en los papeles, junto a las auditorías. Por caso, Fama recordó que la suba de 270% anunciada tiempo atrás por el Ministerio de Capital Humano fue “sólo a la Universidad de Buenos Aires”, a la que halagó como “buque insignia”, pero que “no representa a todo el sistema”.