Las empresas públicas de la Provincia con números en rojo

Las empresas públicas de la provincia de Buenos Aires atraviesan una grave crisis financiera. Según informes oficiales y datos de la oposición, cuatro compañías clave cerraron el 2023 con un déficit acumulado que supera los $56 mil millones.

Entre las firmas afectadas se encuentran Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), Buenos Aires Gas (BAG S.A.), Autopistas Buenos Aires (AUBASA) y el Astillero Río Santiago, todas dependientes de la gestión de Axel Kicillof. Para sostener sus operaciones, el gobierno provincial destinó casi $60 mil millones en transferencias.

ABSA, la empresa dedicada a la distribución de agua potable, fue una de las más afectadas, registrando un déficit de $25.907 millones en 2023. Para cubrir este agujero financiero, el gobierno provincial realizó aportes que ascendieron a más de $27 mil millones, incluidas partidas del Tesoro provincial y fondos del programa “Verano”, que busca mejorar la infraestructura de distribución de agua en la provincia. A pesar de estas inyecciones de capital, la empresa cerró el año con un pasivo significativo de $21.115 millones, con deudas que afectan tanto a proveedores como al personal.

Otra de las empresas con números en rojo es Buenos Aires Gas (BAG S.A.), que distribuye gas natural a más de 60 localidades bonaerenses. En 2023, la firma registró un déficit de $3.803 millones, dividido entre pérdidas operativas y gastos de capital. Para mantener la operación y realizar las inversiones necesarias, el gobierno provincial debió destinar casi $4 mil millones. A pesar de estos esfuerzos, la empresa enfrentó una disminución de su inversión financiera en $2.461 millones, lo que pone en duda la sostenibilidad de sus operaciones a largo plazo.

El Astillero Río Santiago, ubicado en Ensenada y dedicado a la construcción y reparación de embarcaciones, también cerró el 2023 con un déficit abrumador de $27.794 millones. Esta empresa, históricamente deficitaria, cuenta con una plantilla de 2.295 empleados, la mayoría de ellos permanentes, y se ha sostenido gracias a transferencias directas del gobierno provincial. Desde la gestión de Kicillof argumentan que las políticas neoliberales de los años noventa dañaron gravemente al astillero y que, con el tiempo, el gobierno ha tratado de revitalizarlo, incluyendo proyectos con la Armada Italiana para intentar reducir las pérdidas. Sin embargo, la compañía sigue dependiendo de la asistencia estatal para subsistir.

Por su parte, AUBASA, que tiene a su cargo la construcción y mantenimiento de rutas y autopistas mediante el cobro de peajes, también enfrenta problemas financieros. Aunque cerró 2023 con un resultado negativo de $482 millones, las autoridades de la empresa aseguran que la cifra no refleja un déficit operativo grave, sino que es producto de la carga fiscal del impuesto a las ganancias. Sin embargo, los informes preliminares de la oposición indican que la compañía podría estar más afectada de lo que reconocen sus administradores.

El futuro de estas empresas genera un fuerte debate. Desde el gobierno de Axel Kicillof, la defensa de estas compañías se basa en el argumento de que prestan servicios esenciales a sectores vulnerables, como el agua potable, el gas natural y las autopistas, lo que justificaría las multimillonarias transferencias. Además, sostienen que se están implementando planes de obras importantes en AUBASA y ABSA para mejorar la infraestructura y el servicio, lo que eventualmente podría reducir el déficit.

No obstante, las críticas no se han hecho esperar. Desde la oposición, legisladores del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR) han cuestionado la eficiencia de estas empresas y su sostenibilidad a largo plazo. Acusan al gobierno provincial de inyectar fondos públicos sin exigir mejoras sustanciales en la gestión, lo que en última instancia impacta en el equilibrio fiscal de la provincia. Para muchos, la solución estaría en privatizar o concesionar algunas de estas compañías, siguiendo el modelo que ha propuesto el gobierno de Javier Milei a nivel nacional, con el cual ya se están evaluando privatizaciones de empresas como Aerolíneas Argentinas.

En este contexto, el gobierno de Kicillof propuso la creación de una nueva empresa estatal de emergencias médicas, un proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados pero enfrenta resistencia en el Senado provincial. La Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud Sociedad Anónima, de participación estatal mayoritaria, buscaría fortalecer la coordinación de la atención de emergencias médicas en la provincia, complementando el sistema de salud actual.

El proyecto ha generado voces a favor y en contra. Mientras que el gobierno provincial argumenta que permitirá una mejor prestación de servicios y recuperación de fondos a través del cobro a prepagas y obras sociales, la oposición advierte que solo se busca “crear más estructura para cobijar militantes”. El senador del PRO, Alejandro Rabinovich, expresó su preocupación sobre la falta de transparencia en cuanto a los costos de esta nueva empresa, criticando la concentración de poder que implicaría para el gobierno provincial.