Consejo de la Magistratura: tensión, incertidumbre y riesgo de parálisis

Vencido ayer el plazo dispuesto por la Corte Suprema para que el Congreso sancionara una ley para modificar la composición del Consejo de la Magistratura, ahora todo es tensión e incertidumbre en el organismo: mientras que el máximo tribunal del país podría avanzar el lunes con la vuelta de los 20 miembros, el Gobierno busca forzar una extensión de la fecha límite para poder lograr una ley y así evitar el ingreso de la Corte en el Consejo.

Pero antes que nada, el alto tribunal deberá resolver qué hará con el fallo de la justicia de Entre Ríos que le prohibió a Cristina Kirchner y Sergio Massa enviar oficialmente a los representantes del Senado y Diputados. El mismo fue impulsado por el diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos), a través de una cautelar en ese sentido.

Si no hay avances, la consecuencia directa será la paralización del Consejo, ya que la Corte aclaró en su fallo que si pasado el 15 de abril no había cambios, los actos del cuerpo se considerarán inválidos. 

El fallo

En diciembre pasado, el máximo tribunal del país declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura votada por el Congreso en 2006 y dio 120 días para que se sancionara una nueva ley. Caso contrario, el cuerpo encargado de seleccionar, remover y sancionar jueces debía volver a la integración de 2006, cuando eran 20 los miembros y el titular de la Corte era su presidente.

Hoy

En la actualidad, e Consejo está integrado por 13 miembros. Y el Frente de Todos pretende elevar ese número a 17, algo que avanzó en el Senado pero quedó trabado en Diputados.

Para volver a los 20 consejeros, los abogados, académicos y jueces ya eligieron a sus representantes. Por lo tanto, todas las miradas se concentran en lo que ocurra con los miembros que debe enviar el Congreso. Se trata del senador cordobés Luis Juez (Frente PRO) y de la diputada santacruceña Roxana Reyes (UCR), quienes integran la alianza Juntos por el Cambio.