Datos biométricos: la Ciudad recusó al juez Gallardo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recusó al juez Roberto Gallardo, que investiga la utilización irregular de datos biométricos de millones de personas a través del sistema de reconocimiento facial de prófugos del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. “Es una vergüenza que algunos jueces actúen políticamente y sean funcionales al kirchnerismo”, se quejó hoy el jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

El planteo fue presentado ayer por el gobierno porteño, que le atribuyó al magistrado –históricamente enfrentado con las autoridades de la Ciudad– una supuesta “pérdida de imparcialidad”,

Gallardo suspendió el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial a partir de una acción de amparo colectivo impulsada por el Observatorio del Derecho Informático Argentino (ODIA). Y, desde su juzgado, filtraron listados de dirigentes políticos, sociales y sindicales asegurando que el gobierno porteño almacenaba información de más de 10 millones de personas.

Desde Uspallata 3160, sede del gobierno porteño, explicaron que el sistema de reconocimiento facial fue suspendido en abril de 2020 por dos razones. La primera es que los barbijos y tapabocas hacen casi imposible su utilización; la otra tiene que ver con las restricciones al uso del transporte público impuestas durante la pandemia de coronavirus. Sin embargo, reivindican su implementación y pretenden reestablecerlo.

Así lo planteó Miguel, en una conferencia de prensa que compartió con el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y al ministro de Gobierno, Jorge Macri.

“Pareciera que molesta que en la Ciudad haya mejorado la seguridad, que las cosas se hagan bien. No se me ocurre otra explicación. Los expone, expone al kirchnerismo, la incapacidad por mejorar la seguridad en otros lugares... Eso molesta y por eso estos constantes ataques a la Ciudad”, deslizó Miguel, que aseguró que gracias al sistema de reconocimiento facial se pudo "identificar y poner a disposición de la Justicia a 1695 delincuentes".

El pedido de apartamiento será resuelto por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad. Allí está un viejo conocido del macrismo: Carlos Balbín, quien ocupó la Procuración del Tesoro de la Nación entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, cuando renunció en medio del escándalo por el "Correo Gate".