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En un giro que ha generado preocupación en el ámbito sanitario, el Gobierno nacional ha decidido desmantelar el programa de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer. Según la médica y referente en la materia, Mariana Pechenik, “habrá más pacientes sin recibir atención de personal calificado en cuidados paliativos ni alivio del dolor”.
“Los cuidados paliativos argentinos estamos de luto”, declaró Pechenik, denunciando el cierre de un programa que durante años fue clave para formar recursos humanos especializados a través de becas, cursos y la provisión de insumos esenciales. Hasta ahora, el Instituto garantizaba la entrega de morfina y metadona en las 24 jurisdicciones del país, apoyando especialmente a las provincias más necesitadas en el tratamiento del dolor severo por cáncer.
La medida se concretó mediante la suspensión de las compras de estos opioides y el despido de 6 de los 8 integrantes del equipo, lo que, según la especialista, tiene consecuencias nefastas: “Causa: recorte. Consecuencias: aumento de la prevalencia del cáncer, incremento de los padecimientos asociados y más pacientes sin atención especializada ni alivio del dolor”.
Pechenik también criticó que el Instituto Nacional del Cáncer, junto a la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos e institutos privados de formación, habían estado trabajando para contrarrestar lo que ella describió como “la ignorancia vergonzosa” que afecta al sistema de salud en esta materia. Para la médica, esta política nacional equivale a un “descuidado profundo a nuestros derechos humanos”, dejando a muchos sin el apoyo imprescindible en momentos críticos.
La polémica decisión ha repercutido más allá del ámbito de los cuidados paliativos. La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) advirtió que, a partir de 2024, los recortes afectaron a centenares de pacientes debido a la suspensión en la entrega de medicamentos oncológicos. Este problema se intensificó con la interrupción de la asistencia de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), que se produjo bajo el pretexto de una “reorganización”. Según Fesprosa, estas demoras en la provisión de medicación han provocado, al menos, 60 fallecidos hasta la fecha.
La decisión del Gobierno abre un debate sobre las prioridades en el ámbito de la salud, especialmente en un contexto donde los recursos se ven cada vez más limitados. Mientras expertos y organizaciones de la salud piden una revisión urgente de estas políticas, la ciudadanía se pregunta cómo se garantizará el derecho a una atención digna y especializada para quienes enfrentan el dolor y las complicaciones del cáncer.
