Sección País
El aumento a jubilados, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad aprobadas por el Senado el jueves pasado tendrían un costo fiscal anualizado de hasta 1,7% del PBI, según estimaciones oficiales y privadas. Mientras el Gobierno se prepara para vetarlas, la oposición señala que los recursos podrían salir de exenciones impositivas, fondos de inteligencia, privilegios judiciales y jubilaciones especiales.
“Voy a vetar todo lo que atente contra el equilibrio fiscal. No voy a entregar el equilibrio por una ley del Congreso”, advirtió Javier Milei tras la sesión.
Por qué importa
El paquete aprobado implica un gasto de hasta 1,7% del PBI anualizado, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y la consultora Invecq. Esa cifra supera la meta de superávit fiscal del 1,6% acordada con el Fondo Monetario Internacional. Aunque su aplicación efectiva en 2025 sería parcial, el oficialismo lo considera una amenaza a su plan de ajuste.
Cuánto cuesta cada ley
La OPC calculó que la moratoria previsional demandaría 0,8% del PBI en el primer año. El aumento del bono para la jubilación mínima costaría entre 0,14% y 0,17%. En tanto, la ley de emergencia en discapacidad tendría un impacto de entre 0,22% y 0,42%. Según Invecq, la suba del 7,2% en los haberes representa un 1% del producto.
De dónde podría salir la plata
Distintos sectores de la oposición señalaron que el financiamiento podría surgir reasignando partidas. Uno de los focos está en los llamados gastos tributarios: exenciones impositivas que representan el 3,54% del PBI, es decir, más del doble de lo que costarían las leyes votadas.
Dentro de ese rubro, la reducción del IVA explica el 1,2% del PBI, y los beneficios impositivos en Ganancias el 0,52%, casi $4 billones. “Hubo plata para eliminar el impuesto a los bienes personales, para blanqueos y para eliminar impuestos a los autos de lujo. ¿Por qué no se aplicaron los mismos principios para proteger y actualizar los derechos de los jubilados?”, planteó el diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal).
Villarruel, en disidencia
Desde su cuenta de Instagram, la vicepresidenta Victoria Villarruel también se desmarcó del Ejecutivo. “Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE, y listo”.
Su entorno sostiene que el Gobierno no puede cerrar filas en nombre del ajuste sin contemplar a los sectores más vulnerables. En el oficialismo tomaron la publicación como un desafío al Presidente en medio del conflicto.
Jueces, SIDE y regímenes especiales
La exención de Ganancias a jueces y funcionarios judiciales representa el 0,10% del PBI. De los 752 jueces nacionales y federales, solo el 26% paga el impuesto. La ACIJ calculó que esa exención cuesta un 146% más que todo el presupuesto del Congreso.
En paralelo, los fondos asignados a la Agencia Federal de Inteligencia (SIDE) pasaron de $48.000 millones a casi $80.000 millones en lo que va de 2025, pese a que el Congreso no aprobó el presupuesto y rechazó el DNU que aumentaba gastos reservados.
Además, más de 300.000 personas cobran jubilaciones en regímenes especiales. Solo los jueces perciben en promedio $5,6 millones mensuales. A eso se suman los haberes de privilegio de 11 expresidentes y exvicepresidentes, que demandan $134,5 millones por mes.
Contrapunto oficial
Desde el Gobierno insisten en que no hay margen fiscal para nuevas erogaciones. Cerca de Luis Caputo advierten que aprobar leyes sin financiamiento implica volver al déficit y poner en riesgo la estabilidad. “El populismo legislativo destruye lo que estamos construyendo”, señalaron desde su entorno.
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