Tras el escándalo por el uso de términos como "idiota" e "imbécil" en una resolución oficial, el Gobierno anunció que modificará la normativa y atribuyó el lenguaje discriminatorio a un "error" basado en una terminología obsoleta.
Política27 de febrero de 2025
Sección País
El Gobierno anunció que modificará la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la ola de críticas que generó la inclusión de terminología obsoleta y discriminatoria en el baremo de evaluación para el acceso a pensiones por invalidez laboral.
La decisión llega luego del repudio generalizado de especialistas, organizaciones de discapacidad y la sociedad en general, quienes denunciaron el uso de términos arcaicos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, que fueron eliminados del lenguaje médico hace décadas.
En un comunicado oficial, la ANDIS aclaró que el uso de estos términos no tuvo "ninguna intención discriminatoria", sino que fue producto de un “error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”.
Para corregir la situación, anunciaron que la resolución será modificada siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, basándose en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).
A su vez, aseguraron que la corrección no alterará los criterios de evaluación, sino que busca alinear la terminología con referencias internacionales actualizadas.
La decisión de modificar la resolución se produce en medio de un fuerte revuelo generado por la publicación en el Boletín Oficial de términos denigrantes, que reflejaban una visión atrasada sobre la discapacidad.
El Gobierno quedó en el centro de la polémica por la falta de actualización en sus documentos oficiales, lo que derivó en críticas tanto de sectores especializados como de la ciudadanía.
Desde la ANDIS, intentaron minimizar el escándalo afirmando que su objetivo es mantener un sistema de evaluación “justo y transparente”, garantizando que las pensiones sean otorgadas a quienes realmente las necesitan.
Sin embargo, la marcha atrás deja en evidencia la falta de controles internos y la necesidad de revisar en profundidad las políticas públicas destinadas a personas con discapacidad, para evitar futuras situaciones de discriminación institucional.
Casi en paralelo con el anuncio de la modificación de la resolución 187/2025, el titular de la la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, aseguró en su cuenta de X que "las personas responsables por lo que pasó ya fueron desvinculadas".
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