El ajuste en el Estado: casi 44.000 empleados públicos menos en un año

El ajuste en el Estado ya tiene números concretos: entre diciembre de 2023 y enero de 2025, 43.778 empleados fueron despedidos, lo que representa una reducción del 12,8% en la dotación de personal del sector público, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La decisión política de achicar el Estado se tradujo en recortes masivos en empresas públicas, sociedades estatales y organismos descentralizados, afectando sectores estratégicos como la comunicación, el transporte, la investigación científica y la administración de la seguridad social.

Las empresas más afectadas por el ajuste

Los despidos se concentraron en áreas clave del Estado. El Correo Argentino lidera la lista con 4.705 empleados menos, seguido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) (1.694) y Aerolíneas Argentinas (1.558). También hubo recortes significativos en:

• Agua y Saneamientos Argentinos (AySA): 1.463 despidos
• Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET): 1.422 despidos
• Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado: 1.333 despidos
• ANSES: 1.272 despidos
• Desarrollo de Capital Humano Ferroviario: 1.075 despidos
• Banco Nación: 765 despidos
• Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM): 719 despidos

Los organismos que sufrieron mayores recortes porcentuales

Más allá de la cantidad total de despidos, algunos organismos vieron reducida casi por completo su plantilla. Entre los más afectados, en relación con su tamaño, están:

• Desarrollo de Capital Humano Ferroviario: 99,7% de reducción
• Agencia de Publicidad del Estado SAU (ex Télam): 79%
• ENARSA Patagonia S.A.: 66,7%
• Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales: 60%
• Educar S.E.: 52,7%
• Hospital Bonaparte: 51,7%
• INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales): 47,6%
• Contenidos Públicos S.E.: 44,6%
• Polo Tecnológico Constituyentes S.A.: 40%
• Instituto Nacional de Promoción Turística: 39%

Un Estado más chico, con menos funciones

Desde el CEPA señalaron que este ajuste responde a una decisión política de la administración libertaria, con el objetivo de reducir el Estado no solo en su tamaño, sino también en sus capacidades regulatorias y de gestión.

El impacto de esta política ya se percibe en organismos como la ANSES, el CONICET y AySA, donde los recortes podrían afectar la prestación de servicios esenciales. También en el desmantelamiento de medios públicos como la ex Télam y Contenidos Públicos S.E., lo que genera un fuerte impacto político y cultural.

La reducción del empleo público, sumada a la crisis económica y los despidos en el sector privado, agrava el deterioro del mercado laboral en un contexto de caída del consumo y aumento de la pobreza. Mientras el Gobierno celebra el ajuste como parte de su plan de “cirugía mayor sin anestesia”, las consecuencias de este achicamiento del Estado aún están por verse.