Seguridad denunció a la jueza Andrade por liberar a los detenidos de la marcha

El Ministerio de Seguridad, por instrucción de la ministra Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires. La acusan de prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, por su rol en la liberación de 114 detenidos tras los disturbios ocurridos en la marcha de los jubilados frente al Congreso de la Nación.

Según el escrito presentado en el fuero federal, Andrade ordenó la liberación de los manifestantes sin analizar pruebas ni antecedentes penales, interviniendo arbitrariamente en un procedimiento que correspondía al Ministerio Público Fiscal. Además, se la acusa de haber dictado su resolución a través de un grupo de mensajería instantánea, sin registro oficial y sin dar intervención formal a la Fiscalía.

La acusación del Gobierno contra la jueza

Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que entre los liberados había individuos con antecedentes por lesiones, tráfico de drogas, tenencia de armas y robo. Además, remarcan que su decisión permitió el encubrimiento de delitos cometidos durante la protesta, donde hubo graves incidentes, ataques a la Policía Federal y destrozos en el espacio público.

La denuncia se suma a la ya presentada el viernes pasado por sedición, atentado al orden constitucional y asociación ilícita agravada, en la que el Ministerio de Seguridad apuntó contra el exlíder montonero Mario Firmenich, el intendente de La Matanza Fernando Espinoza y otros grupos organizados, acusándolos de promover los disturbios con fines desestabilizadores.

El Gobierno asegura que en la protesta hubo barras bravas pagados para generar violencia, lo que dejó un saldo de más de 12 policías heridos, autos oficiales incendiados y daños materiales en la zona.

La ofensiva de Bullrich contra Andrade marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, mientras el Gobierno insiste en su postura de endurecer las medidas contra las protestas y responsabilizar a la Justicia por lo que considera una "puerta giratoria" para los detenidos en movilizaciones.