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Carlos Vaudagna declaró en causas de corrupción y lavado de dinero, apuntando contra jueces, empresarios y operadores financieros.
Política19 de marzo de 2025Un exdirector regional de la AFIP en Santa Fe y Rosario, Carlos Andrés Vaudagna, se convirtió en imputado colaborador y aportó información clave en causas de corrupción institucional, lavado de activos y asociación ilícita. Su testimonio involucra a jueces, empresarios y operadores financieros, y podría tener un impacto explosivo en la política y el mundo judicial santafesino.
Vaudagna está acusado de utilizar su cargo para asesorar a empresarios en maniobras de evasión, extorsionar contribuyentes en coordinación con la Justicia y desviar fondos a través de mutuales. También admitió haber realizado inversiones inmobiliarias con dinero obtenido de estas operaciones ilegales.
En su declaración, Vaudagna apuntó contra el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, a quien vinculó con persecuciones ilegales a empresarios, entre ellos Claudio Iglesias y Jorge Oneto. También admitió haber favorecido a Omar Scarel, ex titular de Vicentin SAIC, y al empresario de medios Nahuel Caputo.
El acuerdo con la Justicia incluyó la entrega de su último teléfono celular y claves de acceso, lo que podría aportar más pruebas a la investigación.
Desde enero, fiscales federales de Rosario, Santa Fe y Reconquista negociaron con Vaudagna su conversión en arrepentido bajo el artículo 41 TER del Código Penal. La declaración, que fue homologada este miércoles en los Tribunales Federales de Rosario, le permitirá acceder a una reducción de pena.
Los delitos que admitió –incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, asociación ilícita y lavado de activos– tienen penas de hasta seis años de prisión, pero el acuerdo le permitiría obtener una condena de cumplimiento condicional.
El caso es seguido de cerca por seis fiscales federales, entre ellos Juan Argibay, Federico Reynares Solari y Matías Scilabra en Rosario, Walter Rodríguez en Santa Fe y Roberto Salum en Reconquista.
Su testimonio podría abrir una nueva etapa en la investigación sobre corrupción, connivencia judicial y lavado de dinero en Santa Fe, con derivaciones que aún están por medirse.
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