Con apoyo opositor, se aprobó un doble emplazamiento para tratar la prórroga del plan de pago previsional y declarar la emergencia en discapacidad. El oficialismo y Espert, en contra.
Política08 de abril de 2025
Sección País
La Cámara de Diputados aprobó este martes un doble emplazamiento para forzar el tratamiento de dos temas sensibles que el oficialismo venía evitando: la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad.
Con 125 votos afirmativos, 77 negativos y 9 abstenciones, se emplazó a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social para que abran mañana mismo el debate sobre la extensión del plan de pago de deuda previsional, vencido el pasado 23 de marzo. La comisión que encabeza José Luis Espert venía bloqueando el avance del tema.
La moción fue impulsada por el diputado Ricardo Herrera (UxP) y obtuvo respaldo de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la izquierda, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la radical Natalia Sarapura.
El cronograma prevé que el plenario de comisiones sesione este miércoles 10 de abril a las 12, con reuniones informativas los días 23 y 29, y dictamen el 6 de mayo a las 13.
Actualmente, sin moratoria vigente, quienes no tienen 30 años de aportes solo pueden acceder a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima. El objetivo de los proyectos es restituir el plan que permitía regularizar aportes en cuotas, especialmente para mujeres de 60 años y varones de 65.
También se analizarán propuestas para establecer un sistema proporcional de jubilación según los años de aportes. Entre ellas, una del bloque Innovación que plantea un haber del 1,5% del salario promedio por cada año trabajado.
Por otro lado, se aprobó por 126 votos contra 76 y 15 abstenciones un segundo emplazamiento para tratar la ley de emergencia en discapacidad, que ya cuenta con dictamen de dos comisiones pero resta pasar por Presupuesto. Ese debate fue fijado para el 23 de abril a las 12.
La iniciativa, presentada por Daniel Arroyo (UxP), declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, establece que el Estado deberá garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y exige financiamiento adecuado para las pensiones no contributivas por discapacidad.
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