El fiscal Villar reclama 12 años de prisión por asociación ilícita y la defensa insiste en la absolución.
Política16 de abril de 2025
Sección País
La Corte Suprema le solicitó este miércoles al procurador general interino Eduardo Casal que emita su opinión sobre el recurso del fiscal Mario Villar, quien pidió agravar la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad y elevarla a 12 años de prisión, sumando el delito de asociación ilícita.
El pedido fue canalizado a través de la Secretaría Penal del tribunal. Si bien la opinión de Casal no es vinculante, el Máximo Tribunal suele requerirla antes de resolver recursos extraordinarios como el planteado en este caso.
Cristina Kirchner fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco de la causa que investigó irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Tanto su defensa como el Ministerio Público Fiscal recurrieron esa sentencia ante la Corte luego de que la Cámara de Casación rechazara sus apelaciones. La defensa, encabezada por Carlos Beraldi, pidió la absolución total de la expresidenta y denunció la falta de imparcialidad del tribunal. El fiscal Villar, por su parte, exigió sumar el delito de asociación ilícita, lo que implicaría llevar la pena a 12 años de prisión.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti deberán decidir si abren la queja para analizar los planteos. La opinión de Casal será un paso previo en ese proceso, aunque la Corte puede fallar con independencia de lo que sugiera el jefe del Ministerio Público.
Además de la situación de Cristina Kirchner, Villar también pidió que se revoque la absolución de tres exfuncionarios: Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro. Todos ellos habían sido beneficiados con fallos de primera o segunda instancia en el proceso.
La causa Vialidad es el expediente más avanzado contra la dos veces presidenta y actual referente del peronismo, con una condena firme en las dos primeras instancias. Ahora, la Corte tiene la última palabra.
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