Efecto $Libra: proponen regular el lobby en Argentina con un registro público y obligatorio

El escándalo por la criptomoneda $Libra no solo dejó una causa judicial y miles de pequeños ahorristas perjudicados: también encendió el debate sobre los límites del lobby en Argentina. En ese contexto, el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley para regular la actividad con un registro público, digital y obligatorio.

“La influencia sobre decisiones del Estado no puede seguir ocurriendo en la opacidad”, sostuvo el legislador entrerriano. El proyecto prevé que toda persona física o jurídica que gestione intereses —empresarios, cámaras, estudios, fundaciones o activistas— deba inscribirse en un Registro Nacional de Gestión de Intereses y declarar sus reuniones, objetivos y vínculos.

Más que nombres

La propuesta también impone obligaciones a los funcionarios públicos, que deberán reportar toda interacción con lobistas, incluso si ocurre por redes sociales. Se establecen sanciones para quienes incumplan, se prohíbe hacer lobby durante los dos años posteriores a dejar un cargo público y se obliga a denunciar delitos si se detectan maniobras irregulares.

“Este proyecto no demoniza el lobby. Lo ordena, lo documenta y lo vuelve visible. Porque en una democracia sana, la ciudadanía tiene derecho a saber quién influye, con qué medios y para qué”, explicó Agost Carreño, que tomó como referencia el Lobbying Disclosure Act vigente en EE.UU. desde 1995.

De Milei a los ahorristas

El caso $Libra fue el detonante. Una publicación del presidente Javier Milei, luego de reuniones informales con empresarios cripto, disparó el valor de una moneda sin respaldo. “Eso benefició a unos pocos y perjudicó a miles que confiaron en una supuesta legitimidad institucional”, denunció el diputado.

La falta de normas claras, argumenta, permite que decisiones que impactan en el mercado y en el bolsillo de la gente se tomen sin ningún tipo de control. “Necesitamos saber quién gestiona intereses, ante quién, con qué fines y con qué recursos”, insistió.

Mientras el Congreso discute la creación de una comisión investigadora por el escándalo y la Justicia avanza con la causa penal, el proyecto de Agost Carreño busca dar un paso más allá: ponerle fin al lobby en las sombras.