El diputado Agost Carreño impulsa una ley para transparentar la gestión de intereses ante el Estado. Apunta a cortar con la opacidad que expuso el criptoescándalo.
Política05 de mayo de 2025
Sección País
El escándalo por la criptomoneda $Libra no solo dejó una causa judicial y miles de pequeños ahorristas perjudicados: también encendió el debate sobre los límites del lobby en Argentina. En ese contexto, el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de ley para regular la actividad con un registro público, digital y obligatorio.
“La influencia sobre decisiones del Estado no puede seguir ocurriendo en la opacidad”, sostuvo el legislador entrerriano. El proyecto prevé que toda persona física o jurídica que gestione intereses —empresarios, cámaras, estudios, fundaciones o activistas— deba inscribirse en un Registro Nacional de Gestión de Intereses y declarar sus reuniones, objetivos y vínculos.
La propuesta también impone obligaciones a los funcionarios públicos, que deberán reportar toda interacción con lobistas, incluso si ocurre por redes sociales. Se establecen sanciones para quienes incumplan, se prohíbe hacer lobby durante los dos años posteriores a dejar un cargo público y se obliga a denunciar delitos si se detectan maniobras irregulares.
“Este proyecto no demoniza el lobby. Lo ordena, lo documenta y lo vuelve visible. Porque en una democracia sana, la ciudadanía tiene derecho a saber quién influye, con qué medios y para qué”, explicó Agost Carreño, que tomó como referencia el Lobbying Disclosure Act vigente en EE.UU. desde 1995.
El caso $Libra fue el detonante. Una publicación del presidente Javier Milei, luego de reuniones informales con empresarios cripto, disparó el valor de una moneda sin respaldo. “Eso benefició a unos pocos y perjudicó a miles que confiaron en una supuesta legitimidad institucional”, denunció el diputado.
La falta de normas claras, argumenta, permite que decisiones que impactan en el mercado y en el bolsillo de la gente se tomen sin ningún tipo de control. “Necesitamos saber quién gestiona intereses, ante quién, con qué fines y con qué recursos”, insistió.
Mientras el Congreso discute la creación de una comisión investigadora por el escándalo y la Justicia avanza con la causa penal, el proyecto de Agost Carreño busca dar un paso más allá: ponerle fin al lobby en las sombras.
Tras la nota de La Nación que exhibe planillas del Bank of America con una transferencia vinculada a “Fred” Machado, el diputado de LLA aseguró que no recibió dinero de campaña ni de origen ilícito. Juan Grabois lo denunció y Milei salió a defenderlo en X.
Registros bancarios incorporados como evidencia en el juicio de Texas contra la socia del presunto narco dan cuenta de una orden de pago del 22 de enero de 2020 por USD 200.000 cuyo crédito final figura a nombre de José Luis Espert, con el rastro bancario completo. El diputado admitió haber usado avión y camioneta de Machado en 2019, pero evitó confirmar o negar la transferencia.
Tras objeciones de la Bicameral por posibles metas de espionaje interno, la Casa Rosada modificará la planificación estratégica de la central de inteligencia. Neiffert recibió el pliego de correcciones de Lousteau.
La CD puso en stand by la firma con Atomik y reabrió la negociación con Puma. En paralelo, el oficialismo señala a Martín Muscio y Esteban Sáenz Rico por un presunto conflicto de interés y una campaña de presión —vía consultoras y medios partidarios— para sostener a la firma alemana, pese a que, hasta ahora, la propuesta de la marca nacional es superior.
El jefe camionero desplazó al tesorero y al secretario administrativo por “inconsistencias” en el Hotel 15 de Diciembre de Mar del Plata. La causa penal avanza en una fiscalía local y reaviva la interna con Pablo Moyano, en medio de la crisis de la obra social.
El pedido de extradición de EE. UU. describe un entramado de trusts y matriculación de aeronaves para lavar dinero y mover cocaína. En la Argentina, fiscales y rivales políticos ponen la lupa en si parte de esos fondos nutrieron la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019; el diputado se negó a responder si recibió una transferencia de USD 200.000.
El exjefe de la AFIP y exdirector de Aduanas, uno de los funcionarios con más poder de la era kirchnerista, cumple funciones en el control de embarques fluviales que salen hacia Uruguay desde el partido de Tigre.
