El ministro de Desregulación eliminó la exclusividad del banco público para pagar sueldos estatales, pero mantuvo intacto el negocio de los seguros de vida que maneja una aseguradora privada italiana.
Política06 de mayo de 2025
Sección País
Hace diez días, el ministro de Desregulación y Reforma del Estado, Federico Sturzenegger, disolvió la resolución que le daba al Banco Nación la exclusividad como agente de pago de los salarios estatales. Sin embargo, no tocó un negocio aún más jugoso: el monopolio que mantiene la aseguradora La Caja, de capitales italianos, sobre las pólizas de seguro de vida de miles de empleados públicos.
La decisión quedó plasmada en la Disposición Administrativa 9/2025 de la Jefatura de Gabinete, que autorizó a una media docena de bancos privados a competir con el Nación en la apertura y mantenimiento de cuentas para personal estatal. Pero el texto no menciona nada sobre los servicios vinculados, como los seguros obligatorios que el Estado contrata en masa para cubrir riesgos de su propia planta.
La Caja —ex empresa estatal, hoy en manos del grupo Assicurazioni Generali— conserva la exclusividad en la cobertura de vida de más de 45.000 trabajadores nacionales, amparada por la Ley 13.003 de 1947, firmada por Juan Domingo Perón. Esa norma sigue vigente, a pesar de que en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, se sancionó la Ley 27.444 que habilitaba una licitación pública para adjudicar el servicio y establecía el carácter optativo del seguro.
Pero esa ley nunca fue reglamentada. Y su ejecución estuvo en manos del entonces superintendente de Seguros, Juan Pazo, hoy titular de la Agencia de Regulación y Control del Estado (ARCA), quien además mantiene influencia en el sector a través del actual superintendente, Guillermo Plate.
La permanencia de La Caja como único prestador revela la resistencia de Sturzenegger a desarmar un monopolio blindado desde hace décadas. Incluso mientras impulsa su "ley hojarasca" para eliminar normativas obsoletas, deja fuera una de las más escandalosas excepciones al discurso liberalizador del gobierno.
El tema volvió a estar en el radar la semana pasada, cuando el empresario del rubro asegurador Luis Pierrini asumió como nuevo secretario de Transporte. La movida dejó a la vista los vínculos del entorno de Toto Caputo con el negocio de los seguros.
Mientras se proclama el fin de los privilegios y la apertura del Estado, en los márgenes la motosierra afloja donde hay intereses privados en juego. El Banco Nación perdió exclusividad. La Caja, ni un rasguño.
Tras la nota de La Nación que exhibe planillas del Bank of America con una transferencia vinculada a “Fred” Machado, el diputado de LLA aseguró que no recibió dinero de campaña ni de origen ilícito. Juan Grabois lo denunció y Milei salió a defenderlo en X.
Registros bancarios incorporados como evidencia en el juicio de Texas contra la socia del presunto narco dan cuenta de una orden de pago del 22 de enero de 2020 por USD 200.000 cuyo crédito final figura a nombre de José Luis Espert, con el rastro bancario completo. El diputado admitió haber usado avión y camioneta de Machado en 2019, pero evitó confirmar o negar la transferencia.
Tras objeciones de la Bicameral por posibles metas de espionaje interno, la Casa Rosada modificará la planificación estratégica de la central de inteligencia. Neiffert recibió el pliego de correcciones de Lousteau.
La CD puso en stand by la firma con Atomik y reabrió la negociación con Puma. En paralelo, el oficialismo señala a Martín Muscio y Esteban Sáenz Rico por un presunto conflicto de interés y una campaña de presión —vía consultoras y medios partidarios— para sostener a la firma alemana, pese a que, hasta ahora, la propuesta de la marca nacional es superior.
El jefe camionero desplazó al tesorero y al secretario administrativo por “inconsistencias” en el Hotel 15 de Diciembre de Mar del Plata. La causa penal avanza en una fiscalía local y reaviva la interna con Pablo Moyano, en medio de la crisis de la obra social.
El pedido de extradición de EE. UU. describe un entramado de trusts y matriculación de aeronaves para lavar dinero y mover cocaína. En la Argentina, fiscales y rivales políticos ponen la lupa en si parte de esos fondos nutrieron la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019; el diputado se negó a responder si recibió una transferencia de USD 200.000.
El exjefe de la AFIP y exdirector de Aduanas, uno de los funcionarios con más poder de la era kirchnerista, cumple funciones en el control de embarques fluviales que salen hacia Uruguay desde el partido de Tigre.
