El exministro de Transporte bonaerense está imputado por asociación ilícita, fraude y enriquecimiento ilícito. Su indagatoria será el 28 de mayo.
Política20 de mayo de 2025
Sección País
Acorralado por el avance judicial, el exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, pidió declarar de forma espontánea ante el fiscal Álvaro Garganta, que lo imputó por un presunto entramado de corrupción con las multas de tránsito y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). La declaración indagatoria fue fijada para el próximo 28 de mayo.
D’Onofrio está acusado como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, en lo que respecta a la gestión de multas. Además, se lo señala como autor de una maniobra ilegal vinculada al negocio de la VTV. En total, la causa tiene 16 imputados, entre funcionarios judiciales, empleados públicos y empresarios del sector.
El expediente se abrió en octubre de 2023. A pesar del escándalo, D’Onofrio renunció recién el 30 de diciembre. La fiscalía detectó tres maniobras diferenciadas, con epicentro en el sistema de multas. Según la acusación, desde enero de 2022, funcionarios del Ministerio ofrecían, junto a “gestores” externos, rebajas del 50% en las infracciones de tránsito.
Uno de los implicados es Mario Quattrocchi, juez de faltas de La Plata, quien viajaba frecuentemente al exterior junto a la concejal de Pilar, Claudia Pombo, cercana a D’Onofrio. Ambos estarían vinculados a dos emprendimientos gastronómicos en Málaga, España, según un informe reservado que llegó a la Justicia argentina.
Otra parte de la causa apunta a irregularidades en la concesión del servicio de VTV, donde siete empresas habrían sido forzadas a contratar los servicios de la firma “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, que cobraba una comisión del 8,5% más IVA por turno asignado. La sospecha es que esa empresa estaba controlada por funcionarios del Ministerio.
El tercer eje de la investigación involucra a la empresa CECAITRA, que administra al menos 155 cámaras de fiscalización en distintos municipios bonaerenses. El fiscal sostiene que la firma facturó montos millonarios por infracciones de tránsito sin respaldo legal.
El pedido de indagatoria espontánea fue presentado por sus abogados, Ramiro y Juan Isidro Pérez Duhalde, en una nota de una sola carilla. El fiscal Garganta aceptó el pedido, aunque fuentes judiciales aclararon que esa declaración “no acelera los plazos” para definir su situación procesal.
D’Onofrio también está siendo investigado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa por lavado de dinero. En ese expediente ya se ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil, y se concretaron varios allanamientos.
El ministro de Justicia mencionó un proyecto para llevar el máximo tribunal a siete integrantes. La declaración refuerza las versiones de un acuerdo en marcha con el peronismo para reformar el Poder Judicial.
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