El Gobierno reestructura el Archivo de la Memoria y el Museo de la ESMA

Ambos organismos pasarán a depender del CIPDH, bajo el argumento de “agilizar la gestión” y reducir cargos. La medida fue oficializada por decreto.

Política22 de mayo de 2025Sección PaísSección País
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El Gobierno Nacional oficializó este jueves la reestructuración del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio de la Memoria ESMA, que pasarán a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), un ente descentralizado de la Secretaría de Derechos Humanos.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 344/2025 y responde, según el Ejecutivo, a la necesidad de “garantizar una mayor coordinación en la administración de los recursos públicos” y promover una “gestión más ágil y centralizada”.

“Dispónese la transformación del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo del Sitio Esma Ex-Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (…) en unidades organizativas a incorporarse a la estructura del CIPDH”, señala el artículo 1° de la norma firmada por el presidente Javier Milei.

Desde el Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona explicaron que la unificación de los tres organismos permitirá mantener las funciones esenciales y preservar los fondos documentales, al tiempo que se reducirán estructuras burocráticas.

El informe técnico de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional del Ministerio de Desregulación reveló que existen actualmente 111 organismos entre desconcentrados y descentralizados, con casi 480 autoridades superiores.

En ese marco, la reestructuración apunta a reducir esa planta política, sumándose a la transformación de la Secretaría de Derechos Humanos en subsecretaría y el recorte del 30% del personal anunciado esta semana.

Según el Gobierno, el CIPDH —organismo que quedará a cargo de las tareas del Archivo y del Museo— tiene entre sus funciones la recopilación, análisis, digitalización y conservación de documentos vinculados a violaciones a los derechos humanos en las que haya intervenido el Estado argentino.

“La reorganización garantiza el mantenimiento de las actividades y fondos documentales, pero con un uso más eficiente de los recursos”, argumentaron desde Casa Rosada.

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