Con la recaudación en baja y reservas acotadas, el Ejecutivo acelera recortes en energía y transporte, limita transferencias discrecionales, analiza cambios en la movilidad y la edad jubilatoria, y explora un nuevo acuerdo con el FMI mientras intenta contener la brecha y atraer inversiones.
Economía y negocios28 de septiembre de 2025
Sección País
En un contexto de fragilidad macroeconómica, el Gobierno acelera medidas para sostener la estabilidad. Avanza con recortes adicionales en subsidios a energía y transporte, reduce transferencias discrecionales a provincias y mantiene en estudio una reforma previsional que modifique la fórmula de movilidad y evalúe aumentos graduales en la edad jubilatoria.
La caída de la recaudación por menor actividad pone en riesgo el superávit primario. Por eso se analizan nuevas fuentes de financiamiento y acuerdos con organismos multilaterales. En el frente externo, con reservas acotadas, el Banco Central busca contener la brecha cambiaria mientras Economía explora un nuevo programa con el FMI atado a un paquete de reformas.
El oficialismo, además, procura atraer inversiones en energía y en sectores de la economía real, con compromisos sujetos a garantías de estabilidad jurídica.
La conflictividad gremial y social crece por la pérdida de ingresos y los ajustes. El Gobierno refuerza la asistencia focalizada sin revertir el recorte de planes. La oposición se divide entre el acompañamiento parcial y las críticas al rumbo. La estrategia oficial apuesta a la disciplina fiscal y a las reformas, con la incógnita del tiempo político disponible para ver resultados.
Los gobernadores de Mendoza, Chubut y Santa Cruz buscan que el Departamento de Justicia de EE. UU. investigue el ingreso del Grupo Petersen a la petrolera en 2007. Apuntan a impactar en el pleito civil en Nueva York, donde Burford reclama cerca de US$ 16.000 millones.
El IGA de Orlando J. Ferreres mostró una suba mensual de 0,7% y un crecimiento de 5,5% interanual, con un avance de 5,8% en el acumulado de ocho meses. El impulso vino de la intermediación financiera y del comercio mayorista; la consultora advirtió por tensiones cambiarias y la incertidumbre política.
La Comunicación “A” 8336 obliga a bancos y agentes a exigir una DDJJ que prohíbe compras de títulos con liquidación en dólares por 90 días. Rige en doble sentido, alcanza también a personas humanas y busca desactivar “rulos” ante la brecha.
Una encuesta de la Universidad de San Andrés relevó que hay un 66% de insatisfechos con “la marcha general de las cosas” y un retroceso de 5 puntos frente a la medición previa. Crece la incertidumbre y se fragmenta el voto a un mes de las legislativas.
Referentes qom, wichí y moqoit acusan al Gobierno provincial de recortar programas sociales, sanitarios y educativos y de omitir la consulta previa en decisiones que afectan a sus territorios. Exigen “un giro urgente” en la gestión.
