El “caso Machado”: cómo operaba el esquema con aviones y por qué vuelve a salpicar a Espert

El pedido de extradición de EE. UU. describe un entramado de trusts y matriculación de aeronaves para lavar dinero y mover cocaína. En la Argentina, fiscales y rivales políticos ponen la lupa en si parte de esos fondos nutrieron la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019; el diputado se negó a responder si recibió una transferencia de USD 200.000.

Política02 de octubre de 2025Sección PaísSección País
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El pedido de extradición que Estados Unidos presentó en 2021 contra Federico Andrés “Fred” Machado —empresario argentino radicado en Miami— lo ubica en el centro de una arquitectura financiera y aeronáutica usada, según la acusación, para lavar dinero y facilitar vuelos de cocaína. El escrito, firmado por el fiscal federal Ernest González ante un tribunal del Eastern District of Texas y citado por Letra P, se apoya en un Fifth Superseding Indictment que imputa a Machado por conspiración para traficar más de cinco toneladas de cocaína, lavado y fraude electrónico.

El engranaje: trusts, “N numbers” y ventas ficticias

La maniobra —según la fiscalía— explotaba una zona gris conocida en la industria: el uso de fideicomisos en EE. UU. para registrar aviones a nombre de fiduciarios estadounidenses. Empresas como South Aviation (SAI) y Pampa Aircraft Financing (PAF), vinculadas a Machado, operaban en tándem con firmas de registro y escrow como Aircraft Guaranty Corporation (AGC) y Wright Brothers Aircraft Title (WBAT) para otorgar matrículas norteamericanas (“N numbers”) a aeronaves cuyos dueños reales eran extranjeros.

Ese ropaje legal, describe el expediente, servía para tres cosas: 1) registrar de modo fraudulento, 2) transferir o dar de baja aeronaves cuando eran incautadas y 3) simular compras/ventas para mover fondos. Entre 2016 y 2020, inversores de varios países habrían depositado unos USD 770 millones en cuentas de WBAT para adquirir aviones a través de SAI/PAF; en numerosos casos, las aeronaves no existían o no estaban en condiciones, con desvío de fondos y pagos “tipo Ponzi” a víctimas previas.

Cocaína en vuelo y papeles “limpios”

El costado narco aparece cuando la acusación conecta ese circuito con aeronaves capturadas con droga: un Challenger 604 interceptado en Barcelona con 944 kg de cocaína (2011), una incautación en Guatemala con 1.700 kg (2019) y otra en Belice (2020) con más de dos toneladas. Cada golpe era seguido —siempre según el expediente— por movimientos registrales para borrar huellas: cambios de titularidad, bajas ante la FAA y ventas simuladas.

La deriva política: ¿hubo aportes a campañas en Argentina?

La pata local es la que hoy incomoda a la dirigencia. Fuentes judiciales y políticas sostienen que parte de los fondos del esquema podría haber terminado en cajas electorales argentinas. El nombre que vuelve una y otra vez es el de José Luis Espert: en 2019 fue candidato presidencial y hoy encabeza la boleta de La Libertad Avanza para Diputados.

Este año tomó fuerza un apunte contable —atribuido a un fideicomiso que Machado compartía con Debora Lynn Mercer-Erwin, condenada en EE. UU.— que registra una transferencia de USD 200.000 en febrero de 2020 “para Espert”. El diputado niega delitos y dice que todo es un “refrito” de 2019/2021, pero en una entrevista reciente se negó tres veces a responder si recibió ese giro. Podría haber dicho que no; prefirió remitirse a la Justicia. Al mismo tiempo, ya admitió que en campaña usó un avión privado y una camioneta que le facilitó el empresario.

El contrapunto con el armado partidario sumó ruido: José Bonacci, titular del sello Unite que llevó a Espert en 2019, afirmó que esos medios logísticos no pasaron por el partido sino por el candidato. Y la exjefa de prensa de aquella campaña, Clara Montero Barré, aseguró que hubo “varias reuniones” entre Espert y Machado y que el empresario “era mucho más que un aportante”, aunque dijo no tener pruebas del monto ni del delito.

Qué sigue

En Texas, Machado enfrenta cargos que podrían implicar décadas de prisión. En la Argentina, el trámite de extradición sigue abierto. En paralelo, opositores piden correr a Espert de la presidencia de Presupuesto en Diputados y el oficialismo intenta encapsular el costo político. La pregunta de fondo, sin embargo, excede a un apellido: ¿quién controla de verdad el origen del dinero electoral y qué barreras existen para que capitales del crimen organizado se cuelen en la política local?

Hasta que haya respuestas judiciales, el caso seguirá en el limbo donde se cruzan aeronaves “fantasma”, fideicomisos y campañas. Y a semanas de las legislativas, ese limbo pesa.

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