Documentos oficiales en Brasil vinculan a Ariel y Damián García Furfaro con HLB Pharma do Brasil, mientras la causa argentina por las ampollas adulteradas describe fallas graves de trazabilidad y abre hipótesis de desvíos al narcomercado. Rosario se presentó como querellante y la Triple Frontera vuelve a quedar bajo la lupa.
Política02 de octubre de 2025
Sección País
La trama del fentanilo contaminado —una de las crisis sanitarias más letales de la región— sumó un capítulo en Brasil. Registros de la Receita Federal y del Registro de Comércio de Rio Grande do Sul dan cuenta de que Ariel García Furfaro (procesado con preventiva en la Argentina) y su hermano Damián figuran como socios de HLB Pharma do Brasil, activa en Caxias do Sul. El derrotero societario arranca en octubre de 2019, cuando ambos reconvirtieron una firma local en Basafarma Indústria e Distribuição de Medicamentos (objetivo: importar, exportar y distribuir fármacos) y, en noviembre de 2020, cambiaron la razón social a HLB Pharma do Brasil con el mismo CNPJ. En los portales de ANVISA y del Ministerio de Salud brasileño no consta registro de productos a nombre de esa empresa.
Los papeles públicos señalan además una carta de intención del consorcio Paraná Saúde (4/3/2021) para reservar hasta 2 millones de dosis de Sputnik V a HLB Pharma do Brasil. Según la investigación argentina, Ariel García viajó a Moscú en octubre de 2020 para gestionar esas vacunas; la operación no prosperó del lado brasileño.
Del otro lado de la frontera, la resolución que procesó a García Furfaro y directivos de HLB Pharma / Laboratorio Ramallo por las ampollas adulteradas subraya fallas estructurales de control: ausencia de trazabilidad, formularios en papel previstos por la Ley 17.818 y la inexistencia de un sistema informático que registre cada unidad. Ese vacío, sostienen investigadores, favorece desvíos y complica reconstruir cadenas de custodia.
La hipótesis narco se potenció tras la presentación del intendente de Rosario, Pablo Javkin, como querellante: pidió indagar nexos con organizaciones criminales y desvíos al mercado ilegal. La resolución judicial, a su vez, menciona “continuidad estructural y operativa” entre el viejo Laboratorio Apolo y firmas hoy investigadas, con antecedentes en causas de precursores (efedrina) que recuerdan el esquema de 2008.
El ángulo paraguayo completa el tablero: fuentes de seguridad brasileñas advierten el avance del Primer Comando da Capital (PCC) en Ciudad del Este y el interés en precursores, fármacos y hasta producción de fentanilo con carteles mexicanos. En septiembre, Prefectura Naval Argentina incautó ampollas de fentanilo (QUIMFA S.A.) y 173 kg de cocaína en Misiones; la farmacéutica paraguaya dijo que el lote había sido robado y se puso a disposición de la Justicia.
Brasil, por su parte, registra un boom de drogas sintéticas y mezclas premium: la llamada “cocaína rosa” (tusi) —que rara vez contiene 2C-B y suele combinar ketamina, MDMA, cafeína, cocaína e incluso fentanilo— gana terreno en el sur del país. En 2023 se desbarataron laboratorios y redes que desviaban ketamina veterinaria; este año el Sistema de Alerta Rápida detectó nuevas sustancias, entre ellas N-pirrolidino protonitazeno (nitazeno), un opioide tres veces más potente que el fentanilo.
El panorama deja tres datos duros:
• Vínculo societario de los García Furfaro con una firma homónima en Brasil y actividad formal en logística farmacéutica.
• Déficits de control y trazabilidad que, según la Justicia argentina, abrieron la puerta a la adulteración y dificultan seguir el rastro de cada ampolla.
• Entorno criminal permeable en la Triple Frontera y un mercado regional de sintéticos en expansión, donde el fentanilo —o análogos más potentes— ya circulan.
Qué mirar ahora: la respuesta regulatoria (Argentina-Brasil), eventuales órdenes de cooperación en la causa Kreplak, el cruce de manifiestos, lotes y rutas y, sobre todo, si la línea de investigación por desvíos al narcomercado se consolida con evidencia forense y documental que conecte ambos lados de la frontera.
El exjefe de la AFIP y exdirector de Aduanas, uno de los funcionarios con más poder de la era kirchnerista, cumple funciones en el control de embarques fluviales que salen hacia Uruguay desde el partido de Tigre.
El pedido de extradición de EE. UU. describe un entramado de trusts y matriculación de aeronaves para lavar dinero y mover cocaína. En la Argentina, fiscales y rivales políticos ponen la lupa en si parte de esos fondos nutrieron la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019; el diputado se negó a responder si recibió una transferencia de USD 200.000.
La Comunicación “A” 8336 obliga a bancos y agentes a exigir una DDJJ que prohíbe compras de títulos con liquidación en dólares por 90 días. Rige en doble sentido, alcanza también a personas humanas y busca desactivar “rulos” ante la brecha.
El sindicato acusó a las firmas de reducir planteles pese a los beneficios fiscales del régimen (Ley 27.506) y pidió auditorías y “clawback”. Señalan que Globant recortó 453 puestos en 2025. Las empresas y la CESSI no respondieron por ahora.
El gobernador rescindió por decreto el acuerdo por la ex Alpesca en Puerto Madryn. La empresa estadounidense denuncia “inseguridad jurídica”, elevó el caso a la Embajada y a despachos del Departamento de Estado y advierte por el impacto en la inversión. La Provincia alega incumplimientos; en el sector mencionan el interés de la española Profand.
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La CD puso en stand by la firma con Atomik y reabrió la negociación con Puma. En paralelo, el oficialismo señala a Martín Muscio y Esteban Sáenz Rico por un presunto conflicto de interés y una campaña de presión —vía consultoras y medios partidarios— para sostener a la firma alemana, pese a que, hasta ahora, la propuesta de la marca nacional es superior.
