YPF: Argentina suma apoyos externos antes de la apelación por el fallo de USD 16.000 millones

La Procuración del Tesoro informó una docena de amicus curiae —incluido EE.UU., por tercera vez en un año— en la causa que discute la orden de la jueza Loretta Preska de pagar con acciones de la petrolera. La audiencia de apelación será el 29 de octubre.

Economía y negocios03 de octubre de 2025Sección PaísSección País
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La Procuración del Tesoro comunicó que la Argentina incorporó doce nuevos respaldos internacionales en el expediente donde se definirá la validez del fallo que condenó al país a pagar USD 16.000 millones más intereses por la expropiación de YPF y que, según la sentencia de la jueza Loretta Preska, debería cancelarse con acciones de la compañía.

“El gobierno de Javier Milei, a través del trabajo coordinado entre la Cancillería, la Procuración del Tesoro y otras áreas del gobierno, ha logrado un apoyo internacional sumamente contundente en favor de la posición del país”, señaló el subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija.

Entre los respaldos, la Procuración destacó que el gobierno de Estados Unidos presentó por tercera vez en un año un amicus curiae a favor de la posición argentina, advirtiendo que la tesis de que no existe inmunidad de ejecución para activos soberanos en el exterior “es incompatible con el derecho estadounidense y el derecho internacional consuetudinario”. Hubo presentaciones del Departamento de Justicia en noviembre de 2024 (administración Biden) y en julio de 2025 (administración Trump), y ahora una nueva intervención.

Según el listado oficial, el paquete de apoyos incluye: Estados Unidos, Israel (primer amicus de ese país en un caso de esta naturaleza), Italia, Francia (mediante carta de apoyo diplomático), Ecuador, Uruguay, Chile, Ucrania y Rumania, además de la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AmCham), el Bank Policy Institute y la American Bankers Association.

La audiencia de apelación por la sentencia de fondo está fijada para el 29 de octubre. La Procuración sostuvo que el Estado “continuará ejerciendo su derecho de defensa a través de todos los recursos procesales, diplomáticos y políticos a su alcance para proteger sus derechos patrimoniales y los intereses estratégicos del país, procurando una solución justa y compatible con el marco jurídico vigente”.

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