El fiscal federal Ramiro González tomó declaración a Lucía Montenegro (hoy legisladora de LLA) y a su padre, Antonio, por el manejo de fondos de la fuerza que postuló al economista en 2019 y fue sancionada por no justificar ingresos. La pesquisa avanza en paralelo a las causa penal por los vínculos de Espert con "Fred" Machado.
Política07 de octubre de 2025
Sección País
El caso por el financiamiento de Unite, el sello con el que José Luis Espert compitió en 2019, sumó un capítulo clave: el fiscal federal Ramiro González indagó a la legisladora porteña de La Libertad Avanza, Lucía Montenegro, y a su padre, Antonio, quienes figuraron como responsables económicos del partido cuando la justicia electoral lo sancionó por no poder acreditar el origen de fondos de campaña.
Según fuentes del expediente, Montenegro dijo que su rol fue “formal” y que confió en las autoridades partidarias, apuntando a José Bonacci —primer responsable económico del espacio y padre de la diputada nacional Rocío Bonacci— como quien llevaba la caja. Antonio Montenegro pidió postergar su declaración para interiorizarse de la causa.
Unite fue sancionado con el rechazo de sus rendiciones y quedó inhabilitado para recibir aportes públicos, como prevé la ley de financiamiento partidario. Esa sanción impulsó la etapa penal: si el fiscal encuentra mérito, acusará ante el fuero electoral a cargo de la jueza María Servini.
El frente judicial, sin embargo, es más amplio. El escándalo por los vuelos y aportes en la campaña de Espert —incluido el uso de aviones y vehículos vinculados al empresario Federico “Fred” Machado, acusado en EE.UU. por narcotráfico y lavado— ya se investiga desde 2021 en Comodoro Py, bajo la órbita de la fiscal Alejandra Mángano. En paralelo, el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, tomó la denuncia presentada por Juan Grabois tras acreditarse una transferencia de USD 200.000 a nombre de Espert.
A pedido del juzgado de San Isidro se certificó la causa de Comodoro Py: si se confirma que ambos expedientes abordan la misma maniobra —vuelos, aportes y giro de USD 200.000— regirá el criterio de prevención y conexidad, por lo que el caso quedaría en la justicia federal porteña, que abrió primero y tiene mayor avance.
En la causa de Mángano el foco está puesto en la logística aérea de 2019; en San Isidro se incorporó la ruta del dinero. Ambas líneas confluyen en una hipótesis sensible: presunto lavado de activos con delito precedente de narcotráfico. Mientras tanto, el tablero político suma presión: Montenegro hoy integra las filas de LLA y Espert renunció a su candidatura en medio de la tormenta, pero sigue siendo diputado y hasta ayer presidía la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Tras la admisión de Espert de una transferencia de USD 200.000 ligada a “Fred” Machado, el primo del acusado de narcotráfico quedó bajo la lupa. Hoy activo en negocios mineros en Río Negro y Neuquén, niega haber financiado campañas.
El dirigente de Fuerza Patria redobló la ofensiva tras la renuncia de Espert: acusó al Presidente de “encubrir” a su ex candidato, denunció un “triángulo” con “Fred” Machado y exigió acelerar su extradición a EE.UU.; además, advirtió contra una costosa reimpresión de boletas en PBA.
Con el dólar volátil y el riesgo país en alza, operadores y bancos miran la reunión en Washington para saber si el apoyo de Estados Unidos será un swap operativo y compras de bonos —sin desembolsos directos—, y bajo qué condiciones se activaría.
Tras la salida de Espert, el Presidente viaja con Guillermo Francos para inaugurar la planta de Lamb Weston y hacer una caminata por Güemes junto al dirigente del PRO, mientras el juez Ramos Padilla define el enroque en la boleta de LLA.
Tras la baja de Espert, el oficialismo presentó hoy el pedido formal para cambiar la Boleta Única de Papel en PBA y llevar el rostro del "Colo". El Código Electoral complica los plazos y se abrió una pelea por quién paga un eventual reimpreso millonario.
La deuda local sale del índice EMBI+ de JP Morgan y pasa al EMBI Global Diversified. Desde ahora, el Riesgo País se informará una vez por día y no intradiariamente, en plena negociación del Gobierno con EE.UU. para bajar el costo de financiamiento.
Economía aún no pagó el 45% de la factura de junio (unos $150.000 millones) y vencía hoy la de julio ($360.000 millones). Con un tipo de cambio mayorista de $1.430, la deuda suma cerca de USD 350 millones. CEPH y CADE le reclamaron a Energía y Hacienda por el impacto en el flujo de fondos y exigieron intereses por mora y respeto de cláusulas “take or pay”.
