Sección País
El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aseguró que el Gobierno busca brindar al sector empresario “seguridad jurídica” mediante la aprobación de “reformas muy importantes en materia laboral, tributaria y previsional”, y sostuvo que los fallos de la Corte Suprema “deben ser de aplicación obligatoria”. Lo afirmó al exponer en la 31ª Conferencia de la Unión Industrial Argentina.
Para robustecer la previsibilidad, Amerio planteó como “primero y principal” completar las vacantes en la Justicia —“hay un 35 o 36% de vacancias, sobre todo en los fueros laboral y comercial”— y anunció un criterio de designaciones ceñido a los resultados de los concursos del Consejo de la Magistratura. “Vamos a hacer algo que no hizo ningún otro Gobierno: designar a quienes ganaron los concursos, nombrando al primero, segundo y tercero, no al puesto 24”, afirmó. Según explicó, el objetivo es que lleguen “personas técnicamente mejores, independientes y no atrapadas por el amiguismo”.
El funcionario defendió además que “el Presidente no alteró la labor de los jueces ni ha designado magistrados”, y remarcó que la independencia judicial es “un concepto atado a la seguridad jurídica” que el Gobierno busca “demostrarle al mundo”.
En el plano normativo, vinculó la seguridad jurídica con un paquete de cambios: “Son muy importantes las reformas en materia laboral, tributaria y previsional que se están analizando y, aunque no esté tan atado, también la presentación del nuevo Código Penal”. A su criterio, la previsibilidad permite que “empresarios y pymes sepan que, ante un juicio laboral, sin importar la sala o el juez, los márgenes de una sentencia sean previsibles, con un piso y un techo para estimar costos”.
Amerio insistió, asimismo, en avanzar hacia un esquema que refuerce la fuerza obligatoria de los precedentes del Máximo Tribunal. “En algún momento hay que hacer una reforma para que los fallos de la Corte Suprema, último intérprete de la Constitución, sean obligatorios”, dijo, y cuestionó que “el año pasado la Corte limitó intereses indemnizatorios en materia laboral y una sala de Cámara no siguió ese criterio; eso es inseguridad jurídica”.
El mensaje, dirigido a un auditorio empresario, buscó alinear la agenda judicial con el programa económico del Ejecutivo: cubrir vacantes con criterios de mérito, ordenar reglas de juego y destrabar inversiones a partir de un marco previsible.
