Allanaron al jefe del Servicio Penitenciario por corrupción con la comida de los presos: sospechan que ocultó su celular tras recibir un "aviso"

El juez Federico Villena (foto) ordenó el operativo contra Fernando Martínez por una presunta cartelización en Ezeiza. El funcionario entregó un aparato en desuso y denunció el extravío de su línea personal, que tuvo actividad una hora antes.

Política28 de diciembre de 2025Sección PaísSección País
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Un escándalo de corrupción sacude a la cúpula de las cárceles federales. El juez federal Federico Villena ordenó un allanamiento en las oficinas de Fernando Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de una causa que investiga una presunta red de cartelización en el suministro de alimentos para los presos del penal de Ezeiza.

El operativo, sin embargo, derivó en una situación de extrema tensión y sospechas de encubrimiento. El procedimiento quedó envuelto en una polémica maniobra del funcionario cuando las autoridades judiciales le exigieron la entrega de su teléfono móvil para ser peritado.

El misterio del celular "perdido"

El momento crítico ocurrió cuando los investigadores solicitaron el dispositivo de uso diario de Martínez. Lejos de colaborar, el titular del SPF entregó un aparato que no utilizaba con frecuencia y alegó que su celular personal se había "extraviado" esa misma mañana.

La coartada del funcionario, quien ocupa el cargo desde el inicio de la gestión libertaria en 2024, se desmoronó rápidamente. Un peritaje ordenado de urgencia determinó que el teléfono supuestamente perdido tuvo actividad apenas una hora antes de que la policía irrumpiera en las oficinas del barrio de Barracas.

Ante esta evidencia, los investigadores sospechan que Martínez recibió un aviso previo sobre el allanamiento, lo que le habría dado el tiempo necesario para deshacerse del aparato, el cual se presume contiene información sensible y clave para el avance de la causa.

Comida podrida y negocios millonarios

El expediente que instruye el juez Villena (foto) apunta a desentrañar si existe un acuerdo ilícito entre la cúpula del SPF y un grupo selecto de empresas para monopolizar el servicio de catering en las cárceles federales.

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La investigación se originó a partir de denuncias sobre la entrega de raciones de comida deficientes o directamente no aptas para el consumo humano. Lo que comenzó como un reclamo por las condiciones de detención escaló ahora hasta la máxima autoridad del organismo, a quien la Justicia investiga como pieza central en este esquema de irregularidades en las licitaciones públicas.

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