La Justicia concedió el recurso presentado por el Ejecutivo, lo que suspende los efectos del fallo que anulaba la norma. "El orden no se negocia", celebró Patricia Bullrich. Adorni ratificó la medida con su clásico "Fin".
Política30 de diciembre de 2025
Sección País
Apenas 24 horas después del revés que significó la declaración de nulidad, el Gobierno nacional recuperó la iniciativa en los tribunales. La Justicia concedió este martes el recurso de apelación presentado por el Ejecutivo contra el fallo del juez Martín Cormick, lo que permite que el protocolo antipiquetes permanezca vigente y sea aplicable hasta que la cuestión de fondo se resuelva en instancias superiores.
La decisión judicial implica que la sentencia original, que había dejado sin efecto la normativa por considerarla inconstitucional, queda en suspenso. De esta forma, el Ministerio de Seguridad podrá seguir utilizando la herramienta para el mantenimiento del orden público ante cortes de calles, tal como venía ocurriendo desde el inicio de la gestión libertaria.
Festejo oficial en redes
La noticia fue recibida con euforia en el oficialismo. La exministra y autora intelectual de la medida, Patricia Bullrich, celebró la novedad en su cuenta de X: "Buena noticia: la Justicia concedió el recurso de apelación y el Protocolo Antipiquete NO se suspende. El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia".
En la misma sintonía se expresó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien utilizó su habitual estilo sintético para ratificar el rumbo: "El protocolo anti-piquetes sigue vigente. Saludos a todos. Fin", escribió en la red social.
La disputa de fondo con el CELS
El conflicto legal se había desatado este lunes, cuando el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 11, hizo lugar a un amparo colectivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En su fallo inicial, el magistrado había declarado la nulidad de la Resolución 943/2023 argumentando que la cartera de Seguridad carece de facultades para "restringir derechos constitucionales" por vía administrativa sin una ley del Congreso.
Si bien el CELS y diversas organizaciones sindicales habían festejado aquel pronunciamiento como un límite al accionar represivo, la concesión de la apelación cambió el escenario. El Gobierno, que defendió la medida como necesaria para garantizar la libre circulación y aseguró que cuenta con "gran respaldo social", logró ganar tiempo y mantener activa su principal herramienta de control callejero mientras continúa la batalla legal.
El juez Federico Villena intimó al director del organismo a presentar un cronograma de adecuación en 20 días. La medida responde a un fallo firme que exige equiparar el "peculio" a los derechos laborales formales.
Manuel Adorni celebró la aprobación de la norma y aseguró que busca "blindar" a los ciudadanos ante el "Estado depredador". Se elevaron los montos para la evasión simple a 100 millones de pesos.
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