Sección País
En lo que representa un duro revés en los tribunales de Comodoro Py, la Justicia federal resolvió cerrarle la puerta al abogado Franco Bindi y a su esposa, la diputada nacional Marcela Pagano. La decisión les deniega el acceso al sensible expediente y la posibilidad de presentarse con un abogado defensor en el marco de la explosiva causa que investiga un presunto espionaje ilegal, impulsado a partir de una denuncia del Gobierno nacional el año pasado.
La tajante determinación fue rubricada este jueves 19 de febrero por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. El máximo tribunal penal del país, con las firmas de los jueces Carlos Alberto Mahiques, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani , resolvió "declarar inadmisible la queja intentada, con costas" interpuesta por la defensa de Bindi y Pagano. De esta manera, los magistrados de Casación convalidaron las decisiones de las instancias anteriores de mantener a ambas figuras estrictamente por fuera del expediente y de los pormenores de la investigación.
El conflicto judicial escaló cuando la legisladora y el letrado intentaron, a través de un recurso de queja, que se revisara la negativa inicial a permitirles asomarse al expediente donde se investiga si hubo una red de espionaje ilegal detrás de la difusión de una serie de audios vinculados a altos funcionarios del gobierno libertario. Específicamente, la pareja pretendía la designación del doctor Sicilia como su letrado defensor.
Sin embargo, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ya había resuelto, por mayoría, rechazar una queja previa por apelación denegada. En esa oportunidad, los camaristas argumentaron que el juez de primera instancia actuó correctamente al no admitir al abogado "por no encontrarse configurados los presupuestos legales que habilitan la intervención técnica prevista para los imputados". Traducido: ni Pagano ni Bindi —quien es además dueño de medios de comunicación vinculados al chavismo y a Rusia— se encuentran formalmente imputados en la causa que instruyen bajo un fuerte hermetismo la jueza federal María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.
El flamante fallo de Casación Penal fue lapidario al dejar en claro que la situación de los presentantes no ameritaba en absoluto la intervención de la alzada. En sus considerandos, los jueces Gemignani, Borinsky y Mahiques señalaron que la parte recurrente "no logró refutar la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad". Además, explicaron desde lo técnico que la decisión impugnada de no admitir al abogado "no reviste la calidad de sentencia definitiva ni equiparable" en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación.
En la misma línea, los magistrados de la Sala III argumentaron que ni Pagano ni Bindi lograron "demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado". Según se lee en la resolución del tribunal, la presentación de la pareja se limitó apenas a "invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación y forma en que resolvió el tribunal". De este modo, concluyeron de forma contundente que estas meras discrepancias valorativas "no configuran un agravio fundado en la doctrina de la arbitrariedad" ni en "graves defectos del pronunciamiento".
No obstante el rechazo in limine, la resolución inicial avalada ahora por Casación dejó una pequeña ventana abierta, sujeta estrictamente al avance de la pesquisa: estableció que "ante una eventual variación en la situación procesal de las personas mencionadas, la cuestión pueda ser inmediatamente reconsiderada, garantizándose en su caso el pleno ejercicio del derecho de defensa". Hasta que eso no ocurra, no tendrán acceso a las fojas.
El expediente central que genera tanta inquietud —identificado como la causa CFP 3604/2025/4/RH4 — se inició el 1 de septiembre de 2025 a raíz de una grave denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. En dicha presentación gubernamental se puso en conocimiento de la Justicia la filtración de audios ilegales que habrían sido grabados en ámbitos de extrema sensibilidad institucional. Las escuchas clandestinas apuntaron directo al corazón del poder: la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y el Congreso de la Nación, en episodios vinculados al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Entre las grabaciones difundidas con fines inconfesables también se encontrarían audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.
Los graves hechos denunciados por el Poder Ejecutivo consisten en la producción, manipulación y difusión sistemática de estas grabaciones atribuidas a funcionarios y ex funcionarios del Gobierno Nacional. Según la principal hipótesis que guía la investigación judicial, estas oscuras conductas ilícitas no fueron hechos aislados, sino que formarían parte de un ataque coordinado a una de las principales figuras del Gobierno. Este accionar clandestino constituiría una posible y flagrante violación a la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520.
El canal de difusión no fue menor para los investigadores. Los audios que motivaron la investigación judicial y la posterior denuncia del Gobierno fueron viralizados a través del canal de streaming conocido como "Carnaval". De acuerdo con la información sensible que se maneja en torno al caso, este medio de comunicación estaría estrechamente vinculado al actual Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, un hombre fuerte en la estructura del fútbol y la política nacional.
Por el momento, la jueza Servini y el fiscal Stornelli continuarán con la sigilosa recolección de pruebas y el análisis exhaustivo de la información que obra en la causa. Lo harán sin la intromisión ni la participación de la diputada Pagano ni del abogado Bindi, quienes, tras este revés judicial, deberán conformarse con aguardar el avance de la pesquisa del otro lado del mostrador, tal como lo ratificó este jueves el máximo tribunal penal del país.
