Sección País
La rosca judicial porteña acaba de mover una de sus fichas más pesadas en un tablero que mezcla millones de dólares no declarados, la máxima dirigencia del fútbol campeón del mundo y el guiño directo de la Casa Rosada. El juez Carlos Mahiques presentó este lunes su renuncia a la subrogancia que ejercía en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal que tiene en sus manos la llave para destrabar la explosiva causa por la mansión de Villa Rosa, una lujosa quinta en el partido de Pilar vinculada a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El magistrado justificó su retirada argumentando "razones funcionales", un eufemismo técnico para formalizar mediante un escrito dirigido al presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, que volverá a concentrarse exclusivamente en su cargo permanente de la Sala III. Sin embargo, en los pasillos de Tribunales la lectura política es otra.
El paso al costado de Mahiques no es un hecho aislado. Se produce a escasos días de que el presidente Javier Milei, con la firma del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, enviara al Senado un pedido formal para extender por cinco años más su permanencia en la Cámara de Casación, ya que el juez cumplirá 75 años en noviembre. Un mimo del Ejecutivo que coincide con una retirada táctica de un expediente ardiente.
Esta maniobra en el máximo tribunal penal del país adquiere otro espesor al cruzarla con los antecedentes inmediatos. Tal como reveló Sección País a mediados de febrero, la trama de helicópteros, brindis y expedientes que conforman una suerte de "Lago Escondido low cost" dejó al descubierto el pacto estructural entre un sector comodorense y los dueños de la pelota. La salida de Mahiques de esta subrogancia evita que su firma quede estampada en una resolución que podría dinamitar la paz de los popes de la calle Viamonte.
La Sala I que acaba de abandonar tiene que resolver un tironeo clave: definir qué fuero se queda con el control total de la causa que investiga el origen de los fondos de la mansión. Es decir, elegir al "juez natural" que deberá tirar del hilo para saber si la compra fue una monumental operación de lavado y evasión mediante testaferros.
Lo que aterra a los dirigentes del fútbol no es la disputa técnica, sino los números obscenos que arrojó la investigación. La causa nació para rastrear si el dinero inyectado en la quinta de Pilar provenía de delitos económicos, utilizando a terceros para blanquear la operación.
La farsa documental saltó por los aires cuando un peritaje oficial, ordenado por el juez federal Daniel Rafecas en la primera etapa del caso, demostró que el valor real del predio supera los 20 millones de dólares. Una cifra exponencialmente ridícula si se la compara con los miserables 1,8 millones que los supuestos dueños habían declarado en los papeles.
El informe de los tasadores oficiales fue lapidario: contando la propiedad, los vehículos de alta gama y los caballos pura sangre hallados en su interior, el patrimonio exacto asciende a 20.815.100 dólares.
¿Quiénes figuran como los dueños de este imperio en miniatura? El ex dirigente del fútbol Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, una mujer jubilada. Para la Justicia, es físicamente imposible que sus capacidades económicas justifiquen semejante nivel de vida, consolidando la hipótesis de que operan como "prestanombres" de la cúpula de AFA.
Como es habitual cuando la política y los millones entran en escena, el expediente comenzó a rebotar de despacho en despacho para dilatar los tiempos. Tras los primeros embargos y allanamientos de Rafecas, la causa fue enviada al juez en lo Penal Económico porteño Marcelo Aguinsky, asumiendo que el caso se trataba de una grave violación al régimen tributario.
Pero las defensas jugaron sus cartas y lograron que la Cámara Federal de San Martín (con la firma del juez Alberto Lugones) ordenara mudar el expediente al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrían González Charvay, con la simple excusa de que la mansión queda en la jurisdicción de Pilar. El fiscal general Carlos Cearras se opuso a esta mudanza, advirtiendo que la maniobra debía seguir siendo investigada en Capital Federal bajo la lupa económica.
Ante la negativa de San Martín, el fiscal llegó en queja a la Casación Penal. Ese es exactamente el expediente caliente que debía firmar Carlos Mahiques y que hoy, en plena luna de miel con la Casa Rosada por su continuidad en el cargo, decide esquivar. Ahora, la empantanada resolución quedará en manos de los jueces restantes de la Sala I, mientras en la AFA respiran, al menos por un rato, con cierto alivio.
