Sección País
El clima político en la Argentina post-legislativas de 2025 lejos está de encauzarse en una transición ordenada. En una movida que ya despertó una ola de repudios y denuncias de "golpismo", el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó una declaración incendiaria que dinamitó cualquier puente de diálogo con el Poder Ejecutivo Nacional. El mandatario riojano, uno de los opositores más férreos al modelo libertario, planteó abiertamente la necesidad de que el mandato de Javier Milei concluya antes de lo previsto constitucionalmente.
“Este Gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027”, sentenció Quintela en una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre por Radio 10. La frase, que funcionó como un misil teledirigido a la línea de flotación de la estabilidad institucional, no quedó ahí: el gobernador instó al peronismo a dejar la pasividad y asumir lo que calificó como una “responsabilidad histórica rápidamente”. Para el mandatario, el triunfo oficialista en las urnas hace pocos meses no otorga un cheque en blanco frente a lo que considera una destrucción sistémica del país.
La retórica de Quintela escaló rápidamente hacia comparaciones históricas de alto voltaje. Según reveló el propio gobernador, este planteo ya fue trasladado a sus pares de otras provincias y a la cúpula de la CGT. En sus conversaciones con figuras como Héctor Daer y Andrés Rodríguez (UPCN), el riojano exigió “tomar decisiones fuertes” para frenar la Reforma Laboral y el ajuste fiscal que impulsa la Casa Rosada.
En un tramo inquietante de su relato, Quintela recordó el final del gobierno de Fernando de la Rúa. Aseguró que sus interlocutores sindicales le recordaron que “en el año 2001 tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido con el ‘que se vayan todos’”. Este paralelismo con la crisis institucional más grave de la historia reciente argentina no es casual: busca instalar la idea de que la legitimidad de ejercicio del gobierno de Milei está agotada, independientemente de la legitimidad de origen.
El diagnóstico del riojano sobre la situación actual roza el apocalipsis. El gobernador denunció que la Argentina se encamina a un “genocidio social enorme”, caracterizado por el avance de la desnutrición, la reaparición de plagas y la mortalidad infantil por falta de vacunas. “Si llegamos así, llegamos con un país totalmente destruido, entregado”, alertó, vinculando el ajuste económico con una tragedia humanitaria de escala nacional.
Pero el "Gitano" —como lo apodan en la política vernácula— también apeló al sentimiento nacionalista para profundizar la brecha. Lanzó una advertencia sombría sobre el futuro de la integridad territorial: “Guarda con la Patagonia. No sea cosa que después nos enteremos de que se quedaron no solamente con las Malvinas Argentinas, sino también con la Antártida y con la Patagonia algunos vivillos”, disparó, sugiriendo una supuesta entrega de recursos naturales a intereses extranjeros bajo el amparo de la gestión libertaria.
Para comprender la virulencia del ataque de Quintela, es necesario mirar los números de su provincia. La Rioja es actualmente la única jurisdicción del país que se encuentra en default técnico, tras acumular casi 720 días en cesación de pagos. El conflicto central gira en torno al incumplimiento del llamado Bono Verde, una deuda de 300 millones de dólares emitida para financiar parques eólicos que la provincia dejó de honrar en febrero de 2024.
Finalmente, el mandatario también se hizo un espacio para polemizar con Mauricio Macri, quien recientemente comparó el bienestar de los pobres actuales con el de los reyes de antaño. “El ascenso social para ellos no existe. Creen que los únicos que pueden tener una calidad de vida diferente son ellos”, replicó el gobernador, intentando retomar la bandera de la justicia social en un peronismo que todavía busca un liderazgo claro tras la derrota electoral.
La jugada de Quintela es arriesgada. Al pedir el fin anticipado de un mandato democrático, el riojano no solo tensa la cuerda con el Gobierno, sino que pone a prueba la cohesión de un PJ que debate entre la resistencia institucional y la sedición retórica.
