Sección País
El calendario político y económico de la Casa Rosada tiene una fecha marcada en rojo: el viernes 27 de febrero. Ese día se cerrará el plazo para la presentación de ofertas en la nueva licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la arteria fluvial más estratégica del Cono Sur. Se trata de un contrato a 25 años que contempla inversiones por más de 10.000 millones de dólares, pero, por sobre todas las cosas, representa el intento del Ejecutivo por dejar atrás el estrepitoso fracaso de 2025, que derivó en una guerra abierta entre el entorno de Javier Milei y el sector liderado por Mauricio Macri.
La Hidrovía no es solo un expediente de ingeniería; es el embudo por donde circula casi la totalidad de las exportaciones e importaciones de Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y el sur de Brasil. Consciente de lo que hay en juego, el Gobierno nacional ha diseñado un pliego que define como "superador" tras un año de intensas mesas de trabajo con los actores del sistema: desde navieras y complejos agroexportadores hasta gobiernos provinciales y sindicatos del sector.
Para esta nueva etapa, el Ejecutivo decidió jugar una carta de transparencia externa. Solicitó la intervención de las Naciones Unidas para auditar cada fase del proceso, buscando disipar las sombras de sospecha que tiñeron la licitación anterior. Según los informes técnicos del organismo internacional, el nuevo esquema es "sólido y transparente", cumpliendo con los estándares globales de competitividad.
Entre las novedades técnicas que buscan seducir a las empresas internacionales, el proyecto establece llevar la profundidad de la vía navegable a los 40 pies. Este salto técnico es vital: permitiría que los buques de gran calado salgan de los puertos argentinos con carga completa, eliminando la necesidad de completar carga en otros nodos regionales y, por ende, desplomando los costos logísticos. Además, el pliego incluye:
Una reducción de tarifas de peaje estimada en más del 10% en dólares.
La obligatoriedad de invertir en tecnología de última generación para el monitoreo de la navegación.
Refuerzo de los controles de seguridad para combatir el narcotráfico en el corredor.
La incorporación formal de Entre Ríos a la traza oficial de la vía.
La creación de un órgano de control público-privado para fiscalizar la concesión en tiempo real.
El optimismo oficialista choca con el recuerdo reciente de lo que en los pasillos de Balcarce 50 califican como una "traición política". En 2025, el primer intento de concesión terminó en un escándalo mayúsculo. La licitación fue declarada nula luego de que se presentara una sola oferta válida, dejando al proceso sin la competencia mínima necesaria para garantizar la transparencia.
Aquel fracaso desató una interna de alto voltaje. Desde las filas del oficialismo, el titular de la Agencia de Puertos, Iñaki Arreseygor, no anduvo con vueltas y apuntó directamente contra el líder del PRO. “Lo que terminamos viendo fue un sabotaje”, denunció el funcionario en su momento, sugiriendo que existieron presiones coordinadas para vaciar de oferentes el proceso y forzar una renegociación bajo otras condiciones.
La respuesta del macrismo fue igualmente virulenta. El ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, salió al cruce de las acusaciones calificando a los funcionarios actuales de "inoperantes" y asegurando que Arreseygor "mentía descaradamente" para ocultar un pliego mal diseñado. El propio Mauricio Macri intervino en la disputa, señalando la falta de profesionalismo del equipo gubernamental y apuntando sus dardos contra el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien muchos veían como el verdadero arquitecto detrás del diseño original de la licitación.
Para el Gobierno, esta licitación es una revancha política. La apuesta es que, al menos, ocho empresas de nivel global presenten sus credenciales el próximo viernes. La presencia de múltiples oferentes sería leída como un triunfo del modelo de gestión de Santiago Caputo y un "doble triunfo" político: por un lado, se garantizaría la obra de infraestructura más importante de la década; por otro, se desarticularía el argumento del PRO sobre la falta de pericia técnica de la gestión libertaria.
Si el proceso avanza sin impugnaciones y con una competencia real, la Hidrovía entrará en una etapa de modernización que promete cambiar la matriz competitiva de la región. Sin embargo, el riesgo sigue latente. Si el 27 de febrero vuelve a mostrar un escenario de escasez de ofertas o una nueva lluvia de impugnaciones judiciales, el corredor más importante del comercio exterior volverá a quedar rehén de la rosca política y las disputas por el liderazgo opositor.
La moneda está en el aire. Para el oficialismo, el éxito de la Hidrovía es la llave para consolidar su relación con el círculo rojo exportador. Para la oposición dura, es el terreno donde esperan demostrar que el "voluntarismo" no alcanza para manejar los resortes estratégicos del Estado.
