Sección País
El clima en las inmediaciones del Congreso de la Nación amaneció enrarecido este jueves. Lo que debía ser una sesión tensa en los despachos se trasladó temprano a la calle con una puesta en escena que buscó herir la sensibilidad política de los legisladores. Seis activistas de la organización Greenpeace, vestidos rigurosamente de traje pero sentados sobre inodoros falsos, ganaron las escalinatas del edificio para enviar un mensaje directo a los despachos: “Senadores: No se caguen en el agua, la Ley de Glaciares no se toca”.
La movilización, que logró burlar los anillos de seguridad iniciales a pesar de la logística de transportar los sanitarios de juguete, puso de manifiesto el estado de alerta de las organizaciones civiles ante el proyecto que busca modificar la Ley 26.639, un pilar de la protección ambiental argentina sancionado y promulgado en 2010.
A pesar de la peculiaridad de la protesta, la Policía Federal actuó con rapidez para despejar el acceso principal al Senado. Los manifestantes fueron retirados casi sin el uso de la fuerza física en un primer momento, pero el escenario se desmadró minutos más tarde. La calma aparente se rompió cuando los efectivos policiales, en un operativo de saturación, detuvieron a un camarógrafo y otros trabajadores de prensa que cubrían el episodio.
Este clima de hostilidad en la vía pública es el reflejo de la frenética rosca política que se vive puertas adentro. El oficialismo nacional busca alzarse este mismo jueves con la media sanción de una reforma que es resistida palmo a palmo por el bloque ambientalista y sectores de la oposición dura, pero que cuenta con el empuje silencioso —y no tanto— de varios gobernadores cordilleranos.
El fondo de la cuestión es netamente económico y extractivo. El Gobierno nacional, urgido de divisas y bajo la presión de las provincias mineras, propone dos cambios estructurales que, según los expertos, herirían de muerte la protección de los recursos hídricos estratégicos de la Cordillera de los Andes.
En primer lugar, la reforma busca otorgar decisión provincial sobre cada espacio a explotar. Esto significa, en la práctica, retirar la tutela nacional que hoy funciona como un estándar mínimo de protección para todo el país. Si la modificación prospera, cada gobernador tendrá la llave para decidir qué zonas se sacrifican en favor de proyectos mineros, diluyendo el control de las autoridades nacionales de medio ambiente.
Sin embargo, el punto que genera mayor rechazo técnico y social es la eliminación de la prohibición de realizar minería sobre el ambiente periglacial. Para entender el impacto: el ambiente periglacial es el suelo congelado que actúa como regulador hídrico y reserva de agua en las zonas de alta montaña. Actualmente, la ley prohíbe tocar estas áreas por su fragilidad ecosistémica; el proyecto oficialista pretende levantar ese blindaje para dar luz verde a las excavaciones.
Para lograr la media sanción, el oficialismo necesita el número mágico de 37 votos. Hasta el cierre de esta edición, la incertidumbre en el recinto era total. El "poroteo" es ajustado y cada senador se ha convertido en una pieza de cambio en una negociación que incluye partidas presupuestarias y promesas de infraestructura para las provincias.
El motor político de esta reforma es el reclamo de los gobernadores, quienes ven en la Ley de Glaciares una barrera que frena inversiones millonarias en oro, cobre y litio. Desde las provincias sostienen que la ley actual es "demasiado restrictiva" y que impide el desarrollo económico en zonas donde la minería es la única actividad viable.
Por el contrario, los ambientalistas advierten que el argumento de que "se mantienen protegidas las reservas estratégicas" es una falacia técnica. Sostienen que, al habilitar la actividad en el ambiente periglacial, el daño sobre la cuenca hídrica es irreversible, afectando no solo el ecosistema sino el suministro de agua para el consumo humano y la agricultura en los valles inferiores.
La sesión de este jueves no solo definirá el futuro de la Cordillera, sino que marcará un precedente sobre hasta dónde está dispuesto a ceder el Congreso ante las urgencias económicas del Ejecutivo y las ambiciones territoriales de los mandatarios provinciales. Mientras tanto, la frase pintada en los carteles de Greenpeace sigue resonando como un eco incómodo en los pasillos del palacio: la sospecha de una clase política dispuesta a rifar el patrimonio natural a cambio de un alivio financiero inmediato.
