Sección País
En una jornada marcada por la reconfiguración del mapa de poder en el Congreso, el Senado de la Nación aprobó esta noche una serie de modificaciones estructurales a la Ley de Glaciares. Con 41 votos a favor y 31 en contra, el oficialismo logró imponer su agenda para flexibilizar las restricciones ambientales en favor de la actividad extractiva, contando con el auxilio clave de senadores que, hasta hace poco, orbitaban en el universo del kirchnerismo duro. El proyecto, que ahora deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados, representa un triunfo estratégico para la Casa Rosada en su búsqueda de inversiones mineras de gran escala.
La votación dejó al descubierto la fractura interna de la oposición. Mientras el interbloque conducido por José Mayans se abroqueló mayoritariamente en el rechazo, el Gobierno de Javier Milei logró pescar en aguas peronistas. Los legisladores Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan) acompañaron el plan oficialista, un gesto que responde a la presión de sus distritos, históricamente mineros.
Sin embargo, lo que más ruido generó en el recinto fue el apoyo de los senadores recién escindidos de la bancada cristinista: Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán). Estos movimientos, precedidos por meses de tensiones internas, fueron determinantes para que La Libertad Avanza, bajo la conducción política de Patricia Bullrich en el recinto, lograra el número necesario para la media sanción.
El corazón de la discordia reside en el artículo 7 del despacho aprobado. En términos políticos, este cambio significa la federalización del control ambiental, quitándole peso a los organismos nacionales para dárselo a los gobernadores. Hasta hoy, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) era el árbitro científico indiscutido para definir qué es un glaciar y qué debe protegerse.
Con la nueva norma, cada provincia tendrá la facultad de determinar su propia autoridad de aplicación. Esta autoridad será la encargada de identificar, mediante sus propios "elementos técnico-científicos", qué glaciares y qué zonas del ambiente periglacial actúan realmente como reservas hídricas estratégicas. Solo quedarán bajo tutela nacional las áreas protegidas por la Administración de Parques Nacionales.
Para los defensores de la ley, esto no es más que el ejercicio del dominio originario de los recursos naturales que la Constitución otorga a las provincias. Para los críticos, es una invitación a la arbitrariedad: el temor es que cada mandatario provincial, urgido por la caja de las regalías mineras, sea más "permisivo" que la ley nacional a la hora de autorizar exploraciones en zonas sensibles.
El oficialismo articuló una defensa basada en la necesidad de seguridad jurídica. El senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero fue tajante al desestimar lo que llamó una "dicotomía falsa" entre el agua y la minería. "Terminamos protegiendo todo lo que no es agua y se trata igual a una geoforma con una roca congelada a 4.000 metros de altura que a un glaciar real", sostuvo, criticando que el inventario del IANIGLA se basa en imágenes satelitales y no en estudios de campo presenciales.
En la misma vereda, la salteña Flavia Royón, con un discurso de fuerte contenido técnico, remarcó que las provincias son las que mejor conocen su territorio. "No es prohibir por prohibir, sino proteger lo que hay que proteger", sentenció, aportando un dato clave para la "rosca" regional: en provincias como San Juan, el gran consumidor de agua es el agro (94%), mientras que la industria minera apenas utiliza el 1,2%.
Desde la vereda de enfrente, el rechazo fue visceral. Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) advirtió sobre un "daño irreversible". "Si hoy habilitamos a que se pueda explotar un glaciar, desaparece y tarda cientos de años en armarse. Ni con todo el oro del mundo nosotros lo vamos a volver a tener", disparó la senadora kirchnerista.
Por su parte, el radical Maximiliano Abad puso el foco en la inseguridad jurídica que generaría este desorden normativo. Según el bonaerense, al haber criterios diferentes en cada provincia, la ley será pasible de constantes recursos de inconstitucionalidad, lo que terminará espantando a las propias empresas que el Gobierno pretende atraer. "Va a ser un delirio anticientífico e irresponsable", coincidió el pampeano Pablo Bensusán.
El broche de oro de la sesión estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien bajó línea con un tono fuertemente ideológico. La ministra-senadora rechazó lo que calificó como una "lógica ridícula y retrógrada" de oponer la economía al ambiente. "Parece que la Argentina tiene la obligación casi de seguir siendo un país pobre. No es agua o trabajo, es el despertar de una nación que quiere ser grande", concluyó, sellando un resultado que le da al Ejecutivo una herramienta vital para su modelo económico.
