Esquirlas del magnicidio que no fue

Todavía el país sigue conmocionado por lo ocurrido el jueves pasado, cuando un hombre brasileño de 35 años, identificado como Fernando André Sabag Montiel, se acercó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en pleno Recoleta para apuntarle con un arma en la cara y luego gatillar sin suerte mientras ella saludaba a los seguidores que hacían vigilia frente a su domicilio.

Por el momento, la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo –quienes están a cargo de la investigación– no descartan ninguna hipótesis. El detenido, imputado por tentativa de homicidio, aún no declaró.

Alberto Fernández, en una cadena nacional de urgencia emitida en la noche del jueves, describió el episodio como "el hecho más grave desde que recuperamos la democracia". CFK, en tanto, hizo silencio y se mostró distante de la movilización que motorizó el oficialismo el último viernes a Plaza de Mayo para manifestarle su apoyo. No obstante, el abogado Gregorio Dalbón confirmó que la vicepresidenta será querellante en la causa.

Desde el domingo, el expediente tramita bajo secreto de sumario. Ese mismo día, la jueza dispuso la detención de la pareja de Sabag Montiel, Brenda Uliarte, luego de que se determinara que estuvo en el lugar de los hechos.

Uliarte había negado su presencia en el lugar. Por lo que el defensor oficial Juan Manuel Hermida se negó a velar por sus derechos, entendiendo que existe un "conflicto de intereses" con su otro representado: Sabag Montiel. A cargo de su defensa quedó otro abogado oficial: Gustavo Colman, quien en el pasado ha representado al exsecretario de Obras Públicas José López y al célebre chofer Oscar Centeno.

Por lo pronto, la Justicia todavía no pudo acceder al celular de Sabag Montiel. Según fuentes judiciales, el dispositivo móvil sufrió un bloqueo mientras se intentaba extraer información del mismo. Situación que derivó en un nuevo cortocircuito con el Gobierno, que –a través del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández– aseguró que se cumplieron los protocolos y negó que la Policía Federal haya "manipulado" el teléfono.

Sin embargo, la situación de Sabag Montiel es compleja: un informe pericial determinó que se encontró ADN suyo en el gatillo, el cargador y la empuñadura de la pistola Bersa que utilizó para el fallido atentado. 

Así las cosas, su defensa podría jugar la carta de la inimputabilidad. Es que si bien el médico legista indicó que Sabag Montiel estaba ubicado en tiempo y espacio para poder declarar, otros informes detectaron un estado "alterado" con relatos confusos que podrían hacer dudar sobre su salud mental. Por lo tanto, se lo sometería a un peritaje psiquiátrico más profundo que el análisis que se hizo en las horas posteriores a su detención.

La responsabilidad que pudo haber tenido –por acción u omisión– el personal policial abocado a la custodia de Cristina Kirchner es otro de los puntos a profundizar en la investigación. Por ello, el fiscal Rívolo le pidió este martes a la jueza Capuchetti analizar las comunicaciones de los federales que debían garantizar la seguridad de la vicepresidenta cuando se produjo el ataque de Sabag Montiel.

Si bien los custodios que estaban junto a CFK en ese momento declararon en el expediente en calidad de testigos, no se descarta su eventual imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Impacto político

Por fuera de la Justicia, el ataque a la vicepresidenta tiene su correlato político. En las últimas últimas horas, Aníbal Fernández reveló que después del atentado le ofreció su renuncia a Alberto Fernández. El ministro de Seguridad quedó en la mira del kirchnerismo y la oposición por el caso junto al interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi.

Se trata de dos sobrevivientes del albertismo en el Gabinete y es por eso que el presidente resiste su salida. Lo respaldaron ante cada tensión que tuvo con Cristina, quien no terminó bien con ninguno de los dos.

Pero es Juntos por el Cambio el encargado de pedir explicaciones y solicitar que se inicie una investigación sobre la actuación de ambos funcionarios. 

Este lunes los diputados de UCR presentaron un proyecto para interpelar a Aníbal, mientras que el diputado Gerardo Milman, vicepresidente del bloque PRO y hombre de confianza de Patricia Bullrich, pidió a la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que se cree una subcomisión para investigar el intento de magnicidio.

La comisión, hoy a cargo del kirchnerista Leopoldo Moreau, se reúne a puertas cerradas, tiene 16 miembros y suele apelar a sub-grupos para avanzar en investigaciones específicas.