Justicia Legítima se solidarizó con el "pueblo hermano mapuche"

La agrupación kirchnerista Justicia Legítima se solidarizó con el "pueblo hermano mapuche" y manifestó su repudio contra “la represión desatada contra la comunidad Lafken Winkul en Lago Mascardi, Río Negro”.

“La dilatada conflictividad que se arrastra en esa zona requiere del Estado Nacional y el Provincial la permanente búsqueda de canales de diálogo para llegar a acuerdos razonables y ajustados a derecho y no la represión y desalojo, como acaba de ocurrir”, sostiene un documento de la organización.

Justicia Legítima sostuvo que la represión a la comunidad mapuche se produjo en “el marco de una causa penal la que se investiga la quema de una garita de Gendarmería”.

En ese contexto, reclamó la participación activa del Poder Judicial “en su rol de investigar los delitos atribuidos a miembros de la comunidad, los que deben quedar debidamente esclarecidos”.

Justicia Legítima reclamó la convocatoria a “una amplia mesa de diálogo y no un Comando Unificado de Seguridad, cuya sola enunciación refiere represión”.

“Lo que se necesita  es que participen activamente todos los sectores involucrados, incluyendo a la Justicia con su importante rol de investigar los delitos atribuidos a miembros de la comunidad, los que deben quedar debidamente esclarecidos”, insistió la organización.

El documento incluye una crítica a la gestión de la cuestión mapuche por parte del actual gobierno.

“No concebimos un Estado democrático que desoye reclamos, que no brinda soluciones, que responde con violencias, manteniendo aún por estas horas a varias mujeres y niñes detenides (sic)”, sostiene el escrito.

“La comunidad mapuche viene recibiendo todo tipo de estigmatización, persecución y violencias, alentada por sectores xenófobos y racistas. Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son una muestra de esa brutalidad aún impune vivida durante el gobierno anterior”, insistieron.

Para la agrupación integrada por funcionarios del Poder Judicial actuales y jubilados y juristas cercanos al peronismo, “las políticas de no diálogo con las autoridades comunitarias y su criminalización deben cambiar”.

“Llamamos a la reflexión a las autoridades nacionales y provinciales para que convoquen al diálogo y cesen toda violencia institucional en nuestra Patagonia”, resumió el documento.