
Milei defendió el equilibrio fiscal y anunció un proyecto para penalizar el déficit; la UBA está de paro; la Justicia confirmó 76 muertes por fentanilo contaminado, que podrían aumentar; y la economía sigue en modo "moonwalk".
El procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, promovió el juicio político de los camaristas que anularon la causa judicial por el presunto cobro irregular de salarios de empleados de la Legislatura bonaerense por parte del puntero Julio “Chocolate” Rigau.
El procurador denunció el “patente mal desempeño y su grosero apartamiento del orden legal" de ambos jueces.
"A través de un razonamiento arbitrario -canalizado, además, por una vía improcedente-, el decisorio terminó por provocar un daño de tal trascendencia y gravedad que hiere gravemente a los poderes del Estado en general, y a la administración de justicia, en particular", subrayó el procurador sobre la decisión de los camaristas de anular la causa contra Rigau.
Conte Grand impulsó el juicio político ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, a la que pidió además la inmediata suspensión en el cargo de ambos magistrados.
Los jueces están sometidos también a un proceso administrativo ante la Suprema Corte bonaerense, como superintendencia del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
Milei defendió el equilibrio fiscal y anunció un proyecto para penalizar el déficit; la UBA está de paro; la Justicia confirmó 76 muertes por fentanilo contaminado, que podrían aumentar; y la economía sigue en modo "moonwalk".
El Gobierno recusaría al juez del caso fentanilo, el INDEC confirmó un repunte de la inflación y la Justicia congeló criptoactivos en la causa $LIBRA. En paralelo, venció el plazo para que Cristina Kirchner y otros condenados en Vialidad paguen el decomiso millonario, la oposición avanza en Diputados y crece la tensión por el cierre de listas en el peronismo.
El cierre de listas reacomodó el tablero político y reavivó tensiones. Mientras el Gabinete busca sostenerse en medio de rumores, el Gobierno endureció su política monetaria para contener al dólar. En paralelo, crece la presión social y política por el escándalo del fentanilo contaminado y la respuesta judicial sigue bajo fuerte cuestionamiento.