El rompecabezas del "Gestapo Gate"

Las contradicciones de Villegas, las pruebas que ponen a Vidal en el ojo de la tormenta y el rol de la AFI. Detalles exclusivos.

09 de febrero de 2022 Camilo Cagnacci Camilo Cagnacci
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El 26 de septiembre de 2017, el juez federal de Quilmes Luis Armella dispuso la detención del sindicalista platense Juan Pablo "Pata" Medina. Lo hizo en el marco de una causa por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, cuyo origen hoy es atribuido al "Gestapo Gate". Caso que impulsó la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, el pasado 27 de diciembre, cuando se presentó ante la justicia federal de La Plata para denunciar que el intendente de esa ciudad, Julio Garro, y ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal estuvieron detrás del encarcelamiento del entonces jefe de la seccional platense de la UOCRA.

Caamaño hizo esa denuncia basándose en un video, que –según explicó– fue hallado en la AFI, en un disco rígido, y registraba una reunión sucedida el 15 de junio de 2017, de la que participaron el ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas; su par de Infraestructura, Roberto Gigante; el ex subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi; el senador provincial Juan Pablo Allan; los ex agentes de inteligencia Diego Dalmau Pereyra, Darío Biorci y Juan De Stéfano; el intendente Garro y empresarios de la construcción de la ciudad de La Plata, que acusaban a Medina de extorsionarlos.

El encuentro se dio en la sede porteña del Banco Provincia, ubicada en el cruce de las calles San Martín y Bartolomé Mitre. Más precisamente, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) que se encuentra en el séptimo piso. Para acceder a él hay que hacer un piso por escalera y, fundamentalmente, contar con autorización de la Presidencia del banco o la Gerencia General. Esto último no sólo fue confirmado por fuentes de la entidad, sino también por los empleados que ya declararon en sede judicial y mails que el Banco aportó ante una requisitoria del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.

De ellos se desprende que la reserva del SUM fue gestionada para los días 14, 15 y 16 de junio por Emilia Jaime, la secretaria privada del entonces titular de la entidad, Juan Curuchet, y que el mismo sería utilizado por "gente de la Gobernación". Según pudo reconstruir SECCIÓN PAÍS, el día 14 personal de la AFI se presentó para instalar las cámaras que registrarían la reunión. El 15, se celebró el encuentro. Y el 16, los agentes de inteligencia volvieron para retirar las cámaras. Ninguno de esos movimientos fue registrado por el área de seguridad del banco, pues los "invitados" fueron ingresados por una empleada del área de protocolo y ceremonial.

La grabación, en tanto, se habría hecho a pedido de Villegas. El ex ministro de Trabajo bonaerense "temía que los empresarios se echaran atrás", explicaron fuentes del caso.

Durante la reunión, los empresarios hablaron sobre los manejos del "Pata" y Villegas –el anfitrión– apeló a una repudiable frase para incitarlos a denunciarlo:

–Si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría. Pero las leyes son las leyes, dijo el entonces ministro de Trabajo bonaerense.

Esas declaraciones se hicieron públicas el mismo día en que Caamaño denunció la supuesta persecución contra Medina –la propia AFI se encargó de difundirlas–, desatando un escándalo sobre el que el ex funcionario bonaerense dijo poco y nada hasta el momento. Villegas apenas atinó a disculparse por haber hablado de "Gestapo", y ensayó una suerte de victimización al plantear que la grabación era "ilegal".

Ante el juez Kreplak, quien lo imputó por las presuntas maniobras en contra del gremialista, el ex ministro de María Eugenia Vidal fue un poco más allá y por escrito aseguró que no sabía que en esa reunión participarían agentes de inteligencia. Sin embargo, su posición es difícil de sostener, porque:

  • El 4 de mayo de 2017, un mes antes de que se concretara la reunión en la sede porteña del Banco Provincia, estuvo en Casa Rosada para ver a Mauricio Macri junto con el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas;
  • está probado que el gobierno bonaerense fue el que pidió el salón del Banco Provincia, no sólo para la reunión sino también para el día previo y el posterior a la misma;
  • y, como aseguran fuentes del caso a SECCIÓN PAÍS, la filmación se habría hecho por pedido del propio Villegas.

Quien cayó en la telaraña de su estrategia fue la ex gobernadora. A Vidal no le resultó fácil enfrentar el tema. De hecho, tardó una semana en salir a hablar y se limitó a calificar el encuentro como una “reunión de trabajo”. Sobre la presencia de los espías, en tanto, no supo qué decir.

–Eso lo va a tener que explicar la gente de la AFI en sede judicial, se excusó la hoy diputada.

Sus declaraciones no cayeron bien entre los ex directivos de la Agencia, que desde el último año de gobierno de Cambiemos vienen enfrentando acusaciones por supuestas irregularidades durante su gestión.

¿Podía la entonces gobernadora desconocer que tres espías se sentaron con sus funcionarios? Para el ex presidente Mauricio Macri, no.

María Eugenia, dejá de decir eso que estás quedando como una pelot…, le habría sugerido en una de las últimas conversaciones que mantuvieron, según confiaron  a SECCIÓN PAÍS allegados al ex mandatario.

Es que Villegas no sólo visitó a Macri para asegurarse de contar con apoyo político y "seguridad" para combatir a Medina y su clan mafioso, sino que además entabló un aceitado vínculo con el ex director operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra. Por caso, en las grabaciones que la interventora de la AFI aportó como prueba se lo puede ver hablando animadamente al oído del espía.

Pero al margen de esto, SECCIÓN PAÍS pudo reconstruir que la presencia de Dalmau Pereyra y los otros dos agentes habría obedecido a otro pedido del gobierno bonaerense en su búsqueda de encuadrar judicialmente el caso Medina.

Dentro de sus facultades, la AFI tiene la posibilidad de iniciar “pre-causas”. Se trata de un procedimiento legal, que debe ser autorizado y supervisado por un juez, y que le permite investigar a una persona u organización durante 30 días para confirmar o descartar pistas sobre un posible delito. De ahí, la invitación.

Aunque lo cierto es que esa estrategia no prosperó: una denuncia "anónima" fue la que dio origen a la causa que terminó llevando a Medina tras las rejas.

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