Por decreto, la Secretaría de Educación dejará de participar de la mesa salarial nacional. El jueves hay paro y movilización docente en todo el país.
El bloque que preside Rodrigo De Loredo había pedido una sesión especial para este miércoles a fin de tratar el financiamiento universitario y la restitución del FONID. Sin embargo, retrocedió por un pedido del Gobierno nacional.
Tras la aprobación de la Ley Bases y mientras el Gobierno negocia su sanción definitiva en Diputados, el bloque kirchnerista y el radical apuntan los cañones contra del oficialismo en la Cámara alta.
Luego de que fracasara una moción de Unión por la Patria para votar esos proyectos en la sesión de este martes, la UCR anunció que ya pidió una sesión especial para dentro de cuatro semanas.
Es en protesta por la eliminación del FONID y la no convocatoria de la Paritaria Nacional Docente.
En la antesala del encuentro en la Casa Rosada con los gobernadores, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, recibió a los ministros de Economía provinciales.
Apadrinado por Santiago Caputo, el secretario de Inteligencia recalcula su alineamiento en medio del reordenamiento pos-electoral. El “karinismo” avanza sobre la cobertura de 347 vacantes judiciales y procura retener el timón de Justicia al menos hasta febrero.
El economista planteó gravar retiros de dinero para reemplazar el Impuesto al Cheque e incentivar pagos digitales, lo cual fue desestimado por el Presidente. El viceministro de Economía, José Luis Daza, advirtió que la idea “desestabiliza” al sistema y castiga a los más pobres.
Tras imponerse en 15 distritos en las elecciones de octubre, el oficialismo acelera la construcción territorial. Bullrich y Santilli asoman para CABA y Buenos Aires; Karina Milei conduce el despliegue y cruza la tensión con el PRO. Caputo, más proclive a pactar con gobernadores.
Con el Decreto 787/2025, el Ejecutivo derogó el régimen vigente desde 1993 que obligaba a informar anticipadamente matrícula y cuotas y a contar con aval estatal. Argumentan que, tras la transferencia educativa a las provincias, la regulación nacional encarecía y rigidizaba el sistema.
La cautelar, firmada por el subrogante Lucas Taboada, impide a CCC y a sus trabajadores difundir contenidos que “injurien o desacrediten” a miembros del Poder Judicial provincial. Organizaciones de prensa y DD.HH. hablan de “censura previa” y anuncian impugnaciones.