Tras la polémica en Pilar, el Ministerio de Economía habilitó un portal de "Transparencia Tributaria". Busca evidenciar la presión impositiva en los distritos y compararlos. Lanús y Villa Constitución, entre los señalados en rojo.
Economía y negocios17 de diciembre de 2025
Sección País
La guerra entre el Palacio de Hacienda y los intendentes por la presión fiscal sumó este miércoles un nuevo capítulo. En respuesta al fuerte incremento en la Tasa de Protección Ambiental aplicado por Federico Achával en Pilar, el equipo económico liderado por Luis Caputo lanzó el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta digital diseñada para exponer qué distritos cobran los tributos más caros y a qué sectores de la economía afectan.
El sitio web, que funciona sobre un mapa interactivo de la Argentina, permite identificar las tasas que se cobran en cada municipio —incluida la Ciudad de Buenos Aires— y detalla las bases imponibles y las alícuotas. Según comunicó la cartera de Economía en su cuenta oficial de X, el objetivo es "fortalecer la transparencia fiscal" y facilitar la comparación entre jurisdicciones, una movida que busca empoderar al contribuido y generar presión social sobre los jefes comunales que aumentan la carga impositiva.
El ranking de la presión fiscal
El portal utiliza un sistema de colores para calificar la voracidad fiscal de las intendencias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el mapa pone el foco en la tasa vial y en los cobros a industrias e hipermercados. En este último rubro, la diferencia es notable: mientras que Pilar cobra un 4,5% y aparece en color naranja, Lanús —gobernado por el camporista Julián Álvarez— figura en rojo con una alícuota del 6%.
Respecto a la Tasa de Seguridad e Higiene para industrias, el relevamiento oficial expuso una brecha significativa. Municipios como San Vicente, La Plata, José C. Paz, Ensenada y Berisso cobran una tasa del 1% sobre los Ingresos Brutos, mientras que en el otro extremo se ubican Presidente Perón (0,2%) e Ituzaingó (0,5%). También se destaca la tasa vial en la Costa Atlántica, donde Pinamar y General Pueyrredón alcanzan una alícuota del 3%.
La lupa de Economía también se posó sobre Santa Fe, específicamente en el cobro a las entidades financieras. Allí, la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene varía desde un 0,82% en Esperanza hasta un 7,5% en Villa Constitución, calculado sobre el total del haber de las cuentas de resultado. En Misiones, por su parte, las tasas industriales oscilan entre el 0,5% en Oberá y Posadas, y el 1,2% en Puerto Iguazú.
Límites y contradicciones
Si bien desde la Casa Rosada aconsejan a los ciudadanos "votar con el bolsillo" y comprar en municipios más baratos, puertas adentro del Ministerio reconocen que Caputo se encuentra atado de manos. Las tasas municipales son terreno exclusivo de los intendentes, y el Gobierno nacional no tiene facultades legales para intervenir directamente, más allá de la presión pública. La apuesta a largo plazo es lograr un nuevo Pacto Fiscal en el marco de una reforma tributaria estructural.
Sin embargo, el discurso anti-impositivos del oficialismo encuentra algunas contradicciones internas. Mientras se critica a los intendentes, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, sostiene la postura de cobrarle a las empresas los quebrantos impositivos actualizados por inflación, lo que para muchas compañías representa un costo igual o superior al de una tasa ambiental municipal.
Reforma tributaria postergada
La presentación de este mapa llega en un momento donde la prometida reforma tributaria integral parece dilatarse. De cara a las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo priorizó el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral. Los especialistas estiman que los cambios impositivos de fondo recién se presentarían a fines del primer trimestre de 2026.
El propio Caputo bajó las expectativas sobre una reducción drástica de impuestos nacionales en el corto plazo. Durante su paso por la Bolsa de Comercio, el ministro advirtió que no se pueden eliminar gravámenes de peso como el impuesto al cheque (1,5% del PBI) o las retenciones (1,2%) porque eso implicaría "romper el ancla fiscal" y poner en riesgo el superávit, la piedra angular del programa económico. Del mismo modo, reconoció ante empresarios que no hay acuerdo a la vista con los gobernadores para bajar Ingresos Brutos, el principal mecanismo de recaudación provincial.
El ministro de Desregulación cuestionó que la entidad haya acudido a la Justicia para frenar la eliminación de un trámite obligatorio. Sugirió que buscan mantener el control del mercado y el cobro de tasas.
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