El tribunal desestimó los artículos de los decretos que autorizaban la entrada de capitales privados a los clubes nacionales, una iniciativa que Milei quiere instalar desde su arribo a la Casa Rosada.
Con esta medida, quedó sin efecto la reforma de estatutos que exigió el Estado nacional a los clubes.
"Tendríamos que ver cómo financiar el fútbol, eso es lo que habría que discutir", señaló el presidente del club de Avellaneda.
El ministro de Justicia amenazó con intervenir la Asociación del Fútbol Argentino si no acata el DNU y desde Viamonte 1366 respondieron.
La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, prohíbe que las asociaciones y confederaciones le impidan a los clubes dejar de ser entidades civiles.
La entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia se pronunció en las redes sociales y mencionó que para ser miembro de esa organización es indispensable ser una "Asociación Civil sin fines de lucro, con personería reconocida".
El ministro de Justicia citó puso como ejemplo a Real Madrid y Barcelona, que son de los socios, y a Bayern Munich, que solo tiene un 25% de sus acciones en manos privadas. Como integrante de la CD de Racing, participó de la redacción del Estatuto de la Academia, donde se prohíbe a las SAD.
A través de una resolución de la IGJ, reglamentó dos artículos del mega DNU firmado por Milei al inicio de su gestión para autorizar el desembarco de empresas en el fútbol argentino.
El Presidente publicó una imagen en su cuenta de X, en la que mostró en qué clubes juegan los 11 titulares de la "Scaloneta", que en todos los casos son asociaciones privadas: “No más socialismo pobrista en el fútbol”.
El secretario de Ambiente, Turismo y Deportes justificó además su salto desde el peronismo a los libertarios; habló de su relación con Cristina Kirchner
El jefe de Asesores fue premiado con el control del área nuclear tras el ataque tuitero de los trolls libertarios.
La entrada al evento cuesta hasta 30 mil dólares y en Ecuador estalló un escándalo similar con Noboa.
Designaron a Anastasia Adem como interventora de la empresa encargada de rutas y peajes. El objetivo es auditar su gestión antes de privatizarla.