Tras recibir denuncias anónimas, averiguan si se cometió ese delito junto al de coacción. Apuntan a dirigentes del Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha.
Política13 de mayo de 2024
Sección País
La Justicia Federal ordenó 27 allanamientos en el marco de una causa que investiga extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales. Las medidas judiciales apuntan a dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha a partir de denuncias que fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich.
La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ordenó, por pedido del Fiscal Federal Gerardo Pollicita, 27 órdenes de allanamientos y que los involucrados presten declaración indagatoria por los hechos que se investigan.
La investigación estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), tras la denuncia radicada por el Ministerio de Seguridad ante la Justicia por primera vez sobre estos hechos. Entre los acusados figuran: Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello que integran el Polo Obrero, Movimiento Barrios de Pie y Frente Organizaciones en Lucha (FOL) que administraban comedores populares.
De acuerdo a la pesquisa, los acusados, "habrían exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de 'dar de baja el plan', conformando un total de 924 casos".
Las personas que realizaron las denuncias en la línea 134, las ratificaron ante en sede fiscal y aportaron sus propios chats y mensajes donde se probó la extorsión para que concurrieran a las marchas.
Del análisis de las pruebas se acreditó también que algunos referentes sociales desviaban los recursos para los comedores y que la comida que daba el Estado la vendían y administraban por niveles de compromiso con la gente que obligaban a participar políticamente. Las pruebas también concluyen que la gente que no podía ir tenía que acreditarlo con certificados médicos. Se secuestraron millones de pesos, dólares, celulares, listados y planillas, entre otros elementos probatorios de relevancia.
Luego de los 27 allanamientos la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, celebró el avance de la Justicia. "Esta es la primera vez en la historia en donde se allanan a las organizaciones —entre ellos, Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero— que extorsionaban a las personas para ir a las marchas. Todo esto es información que recibimos en la Línea 134, que nos dieron los ciudadanos extorsionados, y nos muestra el camino de la libertad de estas personas. Se acabó esto de aprovecharse de la gente para financiar sus negocios espurios", escribió en su cuenta de la red social X.
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