Tres abogados cercanos a la oposición acusan al ministro de Medio Ambiente de haber desatendido las advertencias de la provincia ante la sequía que insinuaba la posibilidad de un desastre ecológico.
22 de febrero de 2022
Sección País
Tras abogados denunciaron hoy en Comodoro Py a Juan Cabandié, por los delitos de "estrago por destrucción y abuso de autoridad" a raíz del manejo de la situación creada por los incendios forestales en Corrientes.
“Corresponde investigar si el Ministro de Ambiente se encuentra incurso en el delito tipificado en el artículo 188 del Código Penal, por haber retirado aviones hidrantes a la Provincia de Corrientes y no haberlos reintegrado, pese a los oportunos pedidos de los funcionarios locales”, sostiene la denuncia presentada por José Magioncalda, Juan Martín Fazio y Paulo Vitaver, del equipo legal de Republicanos Unidos.
La denuncia, que se basa en un artículo del periodista Nicolás Wiñazki, quedó registrada con el número 507/2022 y radicada ante el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini.
La nota de Wiñazki señala que “el 25 de febrero del 2021, hace casi un año, el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, le solicitó de modo formal al Ministerio de Medio Ambiente, al mando de Cabandié, que la Nación envíe a su provincia a cuatro aviones hidrantes”. Y añade: “En el texto, que consta como recibido por el organismo nacional, se señalaba que podrían desatarse incendios".
Por otra parte, los denunciantes recordaron que “el Gobernador de la Provincia de Corrientes (Gustavo Valdés) ha confirmado una versión periodística, según la cual, el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, a través de una conversación telefónica, le pidió que le solicitara a Mauricio Macri que dejara de expresarse en su contra”.
El artículo 188 del Código Penal establece penas de uno a seis años de prisión para quien “para impedir la extinción de un incendio… substrajere, ocultare o hiciere inservibles, materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción o a la defensa referida”. En tanto, el otro delito denunciado tiene penas de un mes a dos años de prisión para el “funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.
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