En un acuerdo de USD 27 millones, el grupo estadounidense se quedó con la histórica fabricante de turbinas. La deuda de la empresa, superior a los USD 570 millones, será renegociada.
Economía y negocios11 de febrero de 2025
Sección País
En lo que constituye la primera privatización de la era Milei, el gobierno de Mendoza firmó este martes el traspaso del paquete accionario de Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA) al grupo estadounidense ARC Energy. La operación, cerrada en USD 27 millones, marca un hito dentro del plan de desestatización impulsado por la administración nacional y la provincia cuyana.
IMPSA, fabricante de turbinas con una plantilla de 660 trabajadores, arrastra una deuda superior a los USD 570 millones, gran parte de ella con el Banco Nación, el BICE y el BID. Ante este panorama, ARC Energy negociará la deuda y buscará un acuerdo con los acreedores, lo cual deberá concretarse antes del mes próximo.
El proceso de venta de la histórica empresa comenzó a tomar forma en enero de 2024, cuando el Ejecutivo firmó la preadjudicación de las acciones de la compañía. Sin embargo, los compradores solicitaron una prórroga hasta este martes para poder negociar los términos con los acreedores, requisito indispensable para completar el traspaso.
La nacionalización de IMPSA ocurrió en 2021, luego de una crisis financiera originada por fracasos en Brasil y Venezuela. A partir de 2023, el directorio de la compañía decidió avanzar con la venta de parte de las acciones, lo que desembocó en el acuerdo con ARC Energy, que presentó la única oferta en el proceso de licitación.
Este traspaso se suma a las iniciativas del gobierno nacional y provincial de privatizar empresas públicas en el marco de un plan de ajuste fiscal. En total, el paquete accionario transferido incluye el 63,7% de las acciones que pertenecían al Estado nacional, el 21% de la provincia de Mendoza, el 5% de la familia Pescarmona y un 10% en manos de acreedores.
El economista cuestionó la falta de un plan económico en el gobierno de Milei y advirtió que las soluciones a corto plazo del actual modelo solo traerán problemas a largo plazo.
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A través del Decreto 60/2025, el Ejecutivo habilitó la transferencia al sector privado de la empresa, tras justificar su falta de viabilidad económica y la necesidad de reducir el déficit fiscal.
La medida fue dispuesta por la jueza Loretta Preska. El dinero será entregado al fondo Attestor Master. Además, congeló otros USD 100 millones hasta que se resuelva una disputa entre acreedores.
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