El Gobierno empezó a auditar pensiones: ya envió 300.000 cartas documento

El Ministerio de Salud de la Nación envió este miércoles las primeras 300.000 cartas documento a beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) en las provincias de Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe. La medida es parte de una auditoría masiva sobre más de un millón de casos que busca eliminar irregularidades y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes lo necesitan.

El plan de control, implementado en conjunto con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), prevé un ahorro de $900.000 millones en 2025.

Cómo será la auditoría

Los beneficiarios recibirán una citación para someterse a una evaluación médica con un profesional de PAMI, donde deberán presentar documentación respaldatoria y realizar los controles necesarios. Luego, los especialistas de ANDIS analizarán los antecedentes y emitirán los dictámenes que determinarán si corresponde mantener la pensión o suspenderla.

📌 La asistencia a estas evaluaciones será obligatoria. Quienes no puedan asistir deberán justificar su ausencia con 24 horas de anticipación enviando un correo a [email protected] o contactando al chatbot TINA de WhatsApp (+54 11 3910-1010) con la documentación correspondiente.

📌 No presentarse a la citación sin justificación podrá derivar en la suspensión del beneficio.

Las irregularidades que llevaron a la auditoría

El Gobierno inició este proceso luego de detectar graves irregularidades en el otorgamiento de estas pensiones. De acuerdo con datos oficiales, en una revisión previa realizada en 2024 sobre 22.417 pensiones, solo el 20% cumplía con los requisitos legales.

Entre los hallazgos más llamativos se encontraron:

🔴 150 personas fallecidas que seguían cobrando la pensión.
🔴 212 presos que recibían el beneficio sin justificación.
🔴 14 prófugos de la justicia capturados mientras percibían la pensión.

Además, en una auditoría piloto realizada entre el 2 y el 20 de enero, el Ministerio citó a 1.108 personas para controles. Los resultados expusieron graves falencias en el sistema:

➡ 357 personas (31,6%) no se presentaron.
➡ 126 beneficiarios (16,6%) no cumplían con los requisitos legales.
➡ 16 casos (2,1%) quedaron pendientes de una verificación médica adicional.

Foco en las pensiones otorgadas durante la gestión de Alberto Fernández

El Gobierno dejó en claro que la revisión pondrá especial atención en las pensiones otorgadas durante la administración anterior, aunque la auditoría abarcará todos los beneficios activos.

El proceso se desarrollará de manera escalonada y progresiva, y se espera que concluya en la primera mitad de 2025.

El Gobierno defiende el recorte en pensiones

Desde el Ministerio de Salud y ANDIS, argumentaron que esta auditoría no busca perjudicar a quienes realmente necesitan la pensión, sino eliminar los cobros irregulares y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos.

“El objetivo es que las pensiones lleguen a quienes realmente las necesitan y no sean utilizadas de manera fraudulenta”, señalaron fuentes oficiales.

Con esta auditoría en marcha, el Gobierno busca reducir el gasto en programas sociales irregulares, alineado con su política de ajuste fiscal y eliminación de "privilegios" en el Estado. Pero el proceso no estará exento de polémica, ya que las revisiones podrían afectar a beneficiarios que dependen de estas pensiones para su subsistencia.