El Gobierno lleva al Senado su plan contra la "puerta giratoria"

Funcionarios del Ministerio de Justicia expondrán en comisión sobre la iniciativa que busca restringir la excarcelación de reincidentes. También se debatirá el juicio en ausencia, clave para la causa AMIA.

Política14 de febrero de 2025Sección PaísSección País
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El Gobierno de Javier Milei busca avanzar en el Senado con la aprobación de dos proyectos clave en materia judicial: el endurecimiento del régimen de reincidencia para evitar la llamada "puerta giratoria" y la implementación del juicio en ausencia para delitos graves. Para ello, funcionarios del Ministerio de Justicia asistirán el martes a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para defender ambas iniciativas.

Sebastián Amerio, secretario de Justicia, y Alberto Nanzer, subsecretario de Política Criminal, serán los encargados de exponer la postura oficial en el Congreso. También estarán presentes representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes plantearán objeciones al proyecto.

Un proyecto contra la reiterancia delictiva

El proyecto que busca endurecer el régimen de reincidencia ya fue aprobado en la Cámara de Diputados con el rechazo del kirchnerismo y la izquierda. Ahora, el Ejecutivo deberá sortear la resistencia del peronismo en el Senado, donde Unión por la Patria mantiene 34 de las 72 bancas.

La propuesta oficial establece que no podrán ser excarcelados aquellos imputados que cuenten con múltiples causas penales en trámite por delitos con penas privativas de la libertad. Además, endurece la figura de reincidencia: será considerado reincidente quien haya sido condenado dos veces con penas de prisión, siempre que la primera condena esté firme.

"Vamos a dar media sanción a lo que la gente llama ‘puerta giratoria’. Con esta ley, se acabará la impunidad y los delincuentes en la calle", afirmó la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado durante el debate en Diputados.

Sin embargo, desde Unión por la Patria advirtieron que la norma podría ser utilizada para criminalizar la protesta social. "Van a permitir que un abuelo que se manifiesta porque le recortan la jubilación sea detenido y acusado de terrorismo", alertó el diputado Martín Soria.

Por su parte, la izquierda denunció que el objetivo de la ley es perseguir a los sectores que protesten contra el ajuste del Gobierno. "Le dan el poder a los jueces y fiscales para castigar a quienes se movilicen", aseguró Nicolás del Caño.

Juicio en ausencia: el otro punto clave del debate

El Senado también tratará el proyecto de juicio en ausencia, impulsado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La iniciativa permitiría juzgar a imputados que evadan a la Justicia y tiene como principal objetivo reactivar las causas por los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel.

El juicio en ausencia se aplicaría en tres escenarios: cuando el imputado haya sido declarado rebelde y evite comparecer, cuando se lo haya buscado durante al menos cuatro meses sin éxito o cuando un pedido de extradición sea rechazado.

El kirchnerismo rechazó la propuesta con el argumento de que vulnera el derecho a la defensa. "Un defensor sin su defendido al lado no puede hacer absolutamente nada", sostuvo el diputado Rodolfo Tailhade.

Desde el oficialismo, en cambio, remarcan que la iniciativa permitirá avanzar en causas de terrorismo y crímenes de lesa humanidad. "Esta ley se va a usar para la AMIA, pero quedará para siempre. Es una herramienta clave para buscar la verdad y el resarcimiento a las víctimas", destacó el diputado libertario Santiago Santurio.

El desafío del Gobierno en el Senado

Si bien el oficialismo logró aprobar ambas iniciativas en la Cámara de Diputados, en el Senado el panorama es más complejo. La Libertad Avanza necesita al menos 37 votos para garantizar la aprobación, y por ahora no tiene asegurados esos números.

Con el kirchnerismo en contra y algunos senadores dialoguistas en duda, el Gobierno deberá negociar para conseguir respaldo y evitar que los proyectos queden trabados. Mientras tanto, la Casa Rosada presiona para que ambas leyes sean sancionadas cuanto antes y exhibirlas como parte de su política de "mano dura" contra la delincuencia.

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