El constitucionalista criticó la respuesta del Presidente ante el escándalo $LIBRA y advirtió que la Oficina Anticorrupción, al depender del Ejecutivo, no garantiza una investigación independiente.
Política18 de febrero de 2025
Sección País
Daniel Sabsay, abogado constitucionalista y director de la carrera de posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuestionó la creación de la Oficina Anticorrupción (OA) en la gestión de Javier Milei y advirtió que su estructura no asegura una investigación imparcial.
“Si el controlante es dependiente del controlado, el resultado ya lo sabemos”, afirmó en declaraciones radiales, al referirse a la decisión del Presidente de encomendarle a la OA la tarea de investigar el escándalo vinculado a la criptomoneda $LIBRA.
Sabsay, quien ha sido un crítico constante de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, aseguró que mantiene la misma postura frente a la actual administración. “En su momento fui muy crítico con el kirchnerismo, y ahora también lo soy con Milei”, sostuvo.
Respecto al papel del mandatario en la promoción de $LIBRA, el constitucionalista advirtió que sus acciones podrían encuadrarse en delitos penales. “Es increíble el desconocimiento que tiene Milei de las bases del derecho constitucional. Las figuras que encuadra son abuso de poder e incumplimiento de deberes de funcionario público”, sostuvo.
En esa línea, criticó la reacción del Gobierno tras la polémica. “Cuando Milei habla de (re)crear la Oficina Anticorrupción como si fuera una solución para investigarlo a él y a todo su equipo, es como si se estuviera investigando a sí mismo”, apuntó.
“Es absurdo porque depende del Presidente y si el controlante es dependiente del controlado, lo que vamos a tener como resultado ya lo sabemos. Es realmente muy preocupante”, concluyó.
El triunfo de Valdés en Corrientes consolidó a Provincias Unidas y golpeó a La Libertad Avanza, que quedó cuarta pese al operativo de Karina Milei. Mientras tanto, crecen las tensiones por los audios y el caso ANDIS, en la antesala de la elección bonaerense del 7 de septiembre.
La presentación judicial advirtió que se busca influir en la opinión pública y desestabilizar al Ejecutivo antes de las elecciones. La denuncia penal recayó en el Juzgado federal N° 12; en paralelo, la Justicia civil ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios.
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