Cúneo Libarona designó a una funcionaria de su equipo para investigar el caso $LIBRA

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, designó a su jefa de Gabinete, María Florencia Zicavo, como responsable de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para indagar el rol del Gobierno en la promoción de la criptomoneda $LIBRA. La decisión fue oficializada a través de la resolución 72/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Zicavo será la encargada de recolectar información sobre el criptoactivo y colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, en el marco de la investigación sobre el escándalo que involucra al presidente Javier Milei.

¿Quién es Florencia Zicavo?

Zicavo es abogada especializada en derecho migratorio, coautora del libro Régimen Migratorio y de Ciudadanía Argentino, declarado de interés por la Legislatura porteña. También dictó talleres en la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre restricciones migratorias durante la pandemia de COVID-19.

Desde mayo de 2024, ocupa el cargo de jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, lo que la convierte en una de las personas de mayor confianza de Cúneo Libarona dentro de la cartera.

Las funciones de la UTI

Según la resolución oficial, la UTI tendrá la misión de recabar información sobre el caso $LIBRA, evaluar posibles irregularidades y colaborar con la Justicia en la remisión de documentación relevante.

Además, Zicavo podrá solicitar información a funcionarios del Gobierno, organismos estatales, provincias y hasta entidades internacionales.

El decreto también establece medidas estrictas de confidencialidad, ordenando la preservación de la documentación y su acceso restringido.

Un intento del Gobierno por contener el escándalo

La creación de la UTI responde a la estrategia del Gobierno de mostrar una investigación interna tras la polémica generada por la promoción de $LIBRA en redes sociales por parte de Milei.

Sin embargo, la designación de una funcionaria del propio Ministerio de Justicia genera dudas en la oposición, que insiste en la necesidad de una Comisión Investigadora en el Congreso para garantizar una pesquisa independiente.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) avanza con su propio análisis del caso, a través de su Sección Fraudes de la División Criminal, especializada en delitos financieros y corrupción.