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El organismo destinará más de $2.300 millones para mudar oficinas administrativas, con una comisión inmobiliaria de casi $47 millones. La operación benefició a una firma vinculada a un empresario que tuvo conflictos con el Estado en el pasado.
Política03 de marzo de 2025El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) adjudicó un contrato de alquiler por un monto de $65.000.000 mensuales, en un proceso que solo contó con un oferente y que incluyó una comisión inmobiliaria de $46.800.000. La operación, que abarca un período de 36 meses y costará en total $2.340.000.000, generó controversia por presuntas irregularidades y sobreprecios.
Según consta en el expediente Nº EX-2024-66403307-INSSJP-GAEI#INSSJP, la decisión de alquilar un nuevo inmueble se tomó debido a deficiencias edilicias en la sede actual de "PAMI Escucha y Responde", ubicada en Paraná 468. El contrato anterior venció en noviembre de 2023 y se prorrogó seis meses hasta encontrar una nueva locación.
Finalmente, el PAMI firmó contrato para mudarse a un edificio en Bartolomé Mitre 402/430, propiedad de Inversora Eslava S.A., empresa representada por Marcelo Adolfo Pocovi. La operación se cerró sin competencia, ya que la compulsa abreviada Nº 500/24, realizada el 29 de julio de 2024, solo recibió esta única oferta.
A pesar de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ofreció oficinas disponibles para su uso, PAMI las rechazó alegando que no cumplían con los requisitos técnicos.
El precio mensual del alquiler equivale a unos USD 52.845, lo que supera los valores del mercado en la misma zona. De hecho, según publicaciones inmobiliarias:
Esto significa que el PAMI está pagando entre el doble y el triple del valor de mercado.
A esto se suma que el organismo autorizó hasta $1.000 millones en refacciones, según reveló un informe de El Disenso. El rango de gastos estimado para adecuar el inmueble va desde $133.555.680 hasta $1.003.337.046, según un reporte interno de la Subgerencia de Recursos Físicos de PAMI.
A pesar del pago, el edificio sigue en obras y no está completamente operativo a cuatro meses de firmado el contrato.
Marcelo Pocovi, el empresario detrás de Inversora Eslava S.A., ya había tenido conflictos previos con el Estado. En 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, mantuvo una disputa por una deuda de alquiler de otro inmueble en Adolfo Alsina al 600, donde funcionaba el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).
Pocovi denunció que la administración macrista dejó de pagar el alquiler tras el vencimiento del contrato en octubre de 2018, generando una deuda de más de $25 millones.
Su empresa KABNER S.A. intimó al Ministerio de Producción y Trabajo a desalojar el edificio y reclamó públicamente por el incumplimiento del pago.
Hasta el momento, PAMI no ha brindado explicaciones sobre los detalles del proceso de contratación ni sobre los criterios que llevaron a firmar un contrato con un solo oferente y valores por encima del mercado.
La adjudicación de este alquiler millonario sin licitación, el sobrecosto en la renta y la millonaria inversión en refacciones sin una ocupación efectiva generan fuertes cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos destinados a los jubilados.
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