Una denuncia de la PROCELAC apunta a maniobras de extracción masiva de dinero antes de las elecciones de 2023. La justicia investiga posibles fondos para la campaña del PJ.
Política05 de marzo de 2025
Sección País
Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) reveló un presunto esquema de malversación de fondos municipales que alcanzaría los $39.487 millones, con extracciones masivas de efectivo y depósitos sospechosos en cuentas privadas. La maniobra se habría desarrollado entre marzo y octubre de 2023, en plena campaña electoral.
Los municipios involucrados son La Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá y San Isidro de Lules (Tucumán), Corral Quemado, Belén e Icaño (Catamarca) y San Carlos (Salta), todos gobernados por el Partido Justicialista (PJ).
El caso salió a la luz gracias a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por bancos y entidades financieras a la Unidad de Información Financiera (UIF). Según la denuncia presentada por la PROCELAC ante la Cámara Nacional Electoral, se detectó un patrón de retiros de dinero injustificados que se intensificó en los meses previos a las elecciones presidenciales y que luego cayó abruptamente en 2024.
El esquema incluía:
✔ Extracciones en efectivo sin justificación clara.
✔ Depósitos de grandes sumas en cuentas privadas de empleados municipales.
✔ Compra de dólar MEP con los fondos desviados.
La UIF concluyó que el volumen de retiros de dinero coincidió con el calendario electoral, lo que refuerza la hipótesis de que estos fondos fueron utilizados para financiar la última campaña electoral.
Uno de los municipios con mayor volumen de extracciones es La Banda del Río Salí, en Tucumán, donde se retiraron $17.256 millones entre enero de 2023 y junio de 2024.
El Banco Macro, donde la municipalidad tiene sus cuentas, alertó a la UIF tras detectar movimientos inusuales a través de la operatoria conocida como "cheque por ventanilla".
El intendente actual, Gonzalo Monteros, es hijo de Darío Monteros, quien ocupaba el cargo durante el período investigado y actualmente es ministro del Interior de Tucumán.
Cuando se conoció el escándalo, Monteros padre intentó justificar las extracciones, alegando que estaban destinadas al pago de haberes de empleados no bancarizados para evitar “posibles situaciones conflictivas”.
Además de La Banda del Río Salí, la denuncia detalla los desvíos en otras localidades:
📍 Tucumán:
Famaillá: $11.449 millones.
Monteros: $3.923 millones.
San Isidro de Lules: $4.217 millones.
📍 Catamarca:
Icaño: $1.113 millones.
Corral Quemado: $771 millones.
Belén: $623 millones.
📍 Salta:
San Carlos: $130 millones.
En todos los casos, las extracciones se concentraron antes de las elecciones y, en muchos casos, los fondos terminaron en cuentas de particulares vinculados a las administraciones municipales.
La Cámara Nacional Electoral descentralizó la investigación en cada jurisdicción, pero la denuncia más grave sigue en Tucumán. La justicia ahora deberá determinar si existió un desvío sistemático de fondos públicos para financiar campañas electorales, lo que configuraría delitos de lavado de dinero, malversación de fondos y financiamiento irregular de la política.
Este escándalo vuelve a poner en el foco el uso de recursos públicos en tiempos de elecciones, con un esquema que habría permitido movilizar sumas millonarias sin ningún tipo de control.
Deberán ser de dos horas y de no más de tres personas; además, no deberían ser más de dos por semana; se da después de un encuentro con un grupo de nueve economistas
El extitular de la Agencia de Discapacidad estuvo durante una hora y media frente al juez Casanello y se negó a responder preguntas por el presunto esquema de sobornos y contratos direccionados.
El organismo anticipó que denunciará penalmente a distintos funcionarios, entre ellos el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y a aquellos llevan a cabo el proceso judicial, al considerar que se negaron a colaborar.
La administración de Jorge Macri concretó una emisión bajo ley extranjera a siete años promedio, en medio de una mejora en los costos del crédito.
El TOF 2 dispuso una incautación de 122 inmuebles por un valor equivalente a $684.000 millones. La medida afectó también a Máximo y Florencia, hijos de la expresidenta, a Lázaro Báez y al resto de los condenados.
En una reunión convocada para las 11 en la comisión de Asuntos Constitucionales, el peronismo buscará evitar, por presuntos lazos "narco", la firma del dictamen que le permitiría a la actual diputada del oficialismo extender su cargo.
La legisladora del PRO por Chaco, Marilú Quiroz, aseguró que está “en contra” del carácter “obligatorio y compulsivo” de las vacunas y encabezará una charla en la Cámara baja para cuestionar los componentes de la vacuna contra el Covid-19.
