La UBA ratificó la emergencia salarial y exigió paritarias al Gobierno

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ratificó este miércoles la declaración de emergencia salarial para el personal docente y no docente y expresó su “preocupación por la jerarquización de la actividad”, incluyendo la necesidad de una “justa retribución por la tarea realizada”.

En la resolución, la UBA exigió al Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y al Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, que convoquen a las “reuniones paritarias correspondientes con el fin de actualizar los salarios de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes” en relación con la inflación acumulada.

La consejera superior de la Universidad, Lucille Levy, quien también fue presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), sostuvo que la decisión del Consejo responde a la delicada situación económica que atraviesa el sector. “Nos vemos obligados a presentar este proyecto que ratifica la emergencia salarial, y esto no es una cuestión de política partidaria”, advirtió.

Además, Levy fue contundente al afirmar que la comunidad universitaria seguirá en estado de movilización hasta obtener respuestas concretas. “Nos expresaremos y saldremos a la calle todas las veces que sea necesario para defender a la universidad. No estamos dispuestos a negociar el prestigio, la excelencia académica y el orgullo de ser de la UBA”, sostuvo.

El impacto del ajuste en la educación universitaria

El secretario de Hacienda de la Universidad, Matías Ruiz, explicó que el atraso salarial denunciado tiene un “gran impacto en las funciones básicas de enseñanza, investigación, asistencia y extensión universitaria”. Según sus estimaciones, a la pérdida de poder adquisitivo de casi el 50% durante 2024, se le suma un nuevo deterioro en los primeros meses de este año.

Desde el Consejo Superior afirmaron que la recomposición salarial otorgada por el Gobierno ha sido “menor a la inflación medida por el INDEC”, lo que llevó a la ratificación de la emergencia en materia salarial. La declaración también incluye a los profesionales de la salud que trabajan en hospitales universitarios y a quienes desempeñan tareas vinculadas a la investigación y la extensión universitaria.

Mientras tanto, el malestar en la comunidad académica sigue en ascenso. La falta de respuestas concretas por parte del Gobierno generó un clima de tensión que podría derivar en nuevas protestas en los próximos meses.