El Gobierno eliminó los centros de estudiantes en las cárceles federales

Seguridad prohibió su funcionamiento y limitó la permanencia en espacios educativos fuera del horario de clase. Apuntan a reforzar el régimen penitenciario.

Política25 de marzo de 2025Sección PaísSección País
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El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, dispuso la inhabilitación de los centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Lo hizo a través de la Resolución 2025/372, que también prohíbe la permanencia de personas privadas de la libertad en espacios educativos más allá del horario asignado para cursar.

La medida apunta a restringir actividades que, según el Gobierno, interferían con el tratamiento penitenciario obligatorio, cuyo eje es el trabajo, la disciplina y la reinserción.

“No deben obstaculizar el tratamiento”

Según el texto oficial, la participación en actividades educativas sigue siendo un derecho, pero debe ajustarse al régimen de progresividad y no puede "obstaculizar" tareas como el trabajo o el mantenimiento de los espacios comunes dentro de las unidades penitenciarias.

Desde Seguridad argumentan que los centros de estudiantes venían generando “esquemas que dificultan la aplicación efectiva del régimen penitenciario”, alteraban la seguridad y entorpecían el desarrollo normal de la rutina carcelaria.

Fin de los espacios colectivos en cárceles

La decisión impacta de lleno en espacios educativos autogestionados que funcionaban en complejos penitenciarios como Ezeiza o Marcos Paz, donde internos organizaban charlas, talleres o encuentros de lectura, en muchos casos con respaldo de universidades y organizaciones civiles.

Ahora, con esta resolución, el Gobierno restringe toda forma de organización estudiantil interna y acota la presencia de internos en aulas u otros espacios educativos al estricto cronograma oficial.

La medida se justifica, según el texto oficial, en la Ley 24.660, que regula la ejecución de la pena y establece que la educación debe ser compatible con el tratamiento penitenciario, pero no puede desplazarlo ni impedirlo.

Otro capítulo más en la ofensiva del Gobierno por recortar estructuras organizativas dentro de los penales, bajo la bandera del orden y la seguridad.

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